Reconocer y retroceder

Se ha dicho hasta el cansancio que lo de la represa de Casupá es una mala idea, no dará el resultado esperado, exigirá expropiar muchas tierras para hacer el embalse y obligará a talar monte nativo con el impacto ambiental que eso implica.

Lo peor es que estaban por comenzarse las obras en Arazatí, una propuesta mucho mejor, cuando se optó por cancelarla y apostar a Casupá. En Arazatí se hubiera sacado agua del Río de la Plata, no implicaba expropiaciones grandes y garantizaba el abastecimiento permanente de agua para toda la zona metropolitana. A diferencia del arroyo Casupá, que por ser afluente del Santa Lucía correría igual suerte en caso de sequía, este proyecto recurría a una fuente segura y usada en otras ciudades del país (Juan Lacaze, Colonia, Carmelo) además de Buenos Aires.

Se han escrito ríos de tinta sobre el tema. Este no es el primer editorial de nuestro diario que lo aborda y además, varios de sus columnistas expusieron su posición con todo tipo de argumentos. Dirigentes de la Coalición han insistido en que lo de Casupá es una mala idea, que había que volver al proyecto original.

Buenos y sólidos fundamentos que no son escuchados.

Todo es tan evidente y tan claro que lo único que explica que el gobierno insista en su idea es un obsesivo capricho. Importa más haber desechado una propuesta del gobierno anterior, que el valor de la propia. De haber mantenido el proyecto, las obras en Arazatí estarían ya muy avanzadas. De Casupá solo se sigue hablando y hasta quienes podrían dar el crédito necesario para iniciar las obras quieren saber si se cumplen determinados requisitos (entre ellos los ambientales) cosa que no parece ocurrir.

La pregunta es si un gobierno debe obcecarse con un proyecto por el solo hecho de ser suyo. Si una vez anunciado, ya no hay vuelta atrás. Lo sabio sería que lo hiciera, pero parece haber algo atávico que se lo impide.

Hace pocos días la prensa informó de un gobierno departamental que tras anunciar una medida que consideraba necesaria, finalmente resolvió dejarla sin efecto ante la presión que recibió. Algunos dirán que sufrió un humillante revés, pero lo sensato sería reconocer que ese gobierno entendió que una parte significativa de la población rechazaba su idea, porque afectaba legítimos intereses, que así lo hizo saber por diversas vías, y por lo tanto respetando tal demanda esa Intendencia reconoció que su medida era problemática y retrocedió.

Nos referimos a la marcha atrás que dio la Intendencia de Maldonado respecto a su proyecto de que la terminal de Punta del Este dejara de funcionar y el destino final de los buses interdepartamentales fuera la de Maldonado. Desplegó sus argumentos técnicos, quizás atendibles, pero lo cierto es que la medida implicaba muchos trastornos para pasajeros que querían bajarse en pleno balneario y no en su periferia.

Las primeras quejas fueron divulgadas por las redes. Gente que vivía en la península o en los barrios más tradicionales de la Punta decía que la terminal a ser cerrada le permitía un fácil acceso a su destino. Que no todo el que iba a Punta del Este lo hacía en auto, que lo de bajarse en Maldonado y transferir con equipaje a otro vehículo (fue una de las opciones que ofreció la Intendencia) era crear nuevas incomodidades al viajero. Se argumentaba que si había densidad de tránsito en temporada, no era por causa exclusiva de los buses, sino por el pesado trajinar de autos.

Se juntaron firmas, los vecinos se reunieron para discutir la situación, las empresas de transporte dieron a conocer sus puntos de vista.

Finalmente, el intendente Miguel Ángel Abellá dejó la medida sin efecto y aceptó que los buses lleguen a la terminal de Punta del Este. Probablemente tomó esta resolución de mala gana, convencido como estaba de que tenía razón. No lo sabemos. Pero es evidente que percibió que era mucha la gente que objetaba ese cambio. Y entendió que su función era estar al servicio de la población, no en contra de ella.

Escuchó. Reconoció y retrocedió. Escuchó lo que tanta gente decía. Reconoció que su medida perjudicaría los intereses legítimos de los afectados y por lo tanto retrocedió, la dejó sin efecto. Lo que hace cualquier político sensible ante la realidad a la que debe atender y servir.

Visto como en Maldonado hubo quien pudo darse cuenta y volver para atrás, la pregunta es si este gobierno, en lo referido a Casupá, se animará a dejar de lado su proyecto y retomar el que era mejor. ¿Se animará a reconocer? ¿Se animará a retroceder?