¡Que paguen los ricos!

La estafa anunciada en las horas previas a fin de año, respecto a la devolución del excedente de Fonasa que el estado retiene de forma irregular a más de 150 mil uruguayos, es de las noticias más indignantes que se hayan conocido en mucho tiempo.

Se trata de un golpe injustificado al bolsillo de miles de familias, que sólo busca aumentar la recaudación, y que se ha justificado de maneras tan diferentes como fallutas. Tal vez la peor de todas haya sido la del propio ministerio de Economía, que en la previa del festejo de fin de año, emitió un comunicado con lenguaje críptico y seudotécnico, con el fin de aparentar una solvencia que no tiene. Ni técnica, ni moral, ya que cualquiera que entienda un poco sabe que aquí no se está corrigiendo ningún desequilibrio formal, sino metiendo la mano en el bolsillo de la gente, usando como excusa una cuestión técnica que no tiene pies ni cabeza. Y, de paso, evitando el mecanismo legal de tener que pasar por el Parlamento, para aumentar los impuestos.

Pero hay otra justificación, todavía más insidiosa, que ha sido puesta en práctica por las fuerzas para políticas que rodean al gobierno frenteamplista.

Allí se ha vuelto a usar el mantra de que esto es una medida que “sólo” afecta a un grupo de uruguayos de alto poder adquisitivo, y por lo tanto, alineado con una visión “de izquierda”, y empapada de solidaridad y justicia social.

Se trata de una postura tan inmoral como estúpida.

Primero, esto afecta a un grupo de compatriotas que tienen buenos salarios, pero en ningún caso son supermillonarios a quienes les sobre el dinero. Vivimos en un país carísimo, y en especial para la gente con alta formación y capacidad técnica. Esta gente gana nominalmente salarios altos, para los deprimidos estándares nacionales. Pero también suele pagar salud, educación y seguridad privadas, debido a que el estado no cumple con sus cometidos básicos. Por lo tanto, además de sus impuestos, debe asumir estos otros gastos de sus ingresos.

En segundo lugar, se trata de gente que es la que más necesita el Uruguay para pegar el salto al desarrollo que tanto se promete desde la política. Y que tiene más facilidad para moverse a otros países donde sus talentos son muy buscados. O sea, que se trata de una decisión que conspira en el largo plazo contra el desarrollo nacional.

Pero hay un tercer elemento que no se suele mencionar, en este país donde el resentimiento, la envidia, y un fascismo socialistoide, domina hegemónicamente el intercambio de ideas en materia de políticas públicas. Y es que la situación social o económica de una persona, no habilita al estado, al colectivo, a discriminarla o a someterla a este tipo de atropellos.

El estado es una construcción, el fruto de un contrato social, donde los habitantes de un territorio acuerdan volcar una parte de sus ingresos, para financiar las expensas de la vida en común. En ningún lugar de la constitución se dice que ese estado, tiene como fin convertirse en el decisor de lo que le corresponde tener a cada persona.

En esa misma constitución, se garantiza la igualdad ante la ley, por lo cual más que una profunda injusticia el tomar medidas de este tipo en función del salario de una persona, envilece a todo el sistema, atribuyendo a un burócrata circunstancial, el rol de fiel de la balanza de lo que le toca a cada uno.

Ni que hablar de que la constitución establece que para forzar a la gente a aportar más dinero al estado, se debe seguir ciertos procedimientos legales que dan garantías, o sea, una votación en el Parlamento, cosa que se omite en este caso.

Por último, hay un argumento casi más idiota que esta propuesta, que es el que sostiene que la oposición no debe criticarla porque no le va a sumar votos. Si la oposición no defiende lo que está bien, y no cuida a sus sectores más favorables del electorado, su futuro será negro.

Pasando raya, acá tenemos una situación injusta, irregular, disfrazada con ropajes técnicos, para justificar un expolio a un grupo de ciudadanos, por el simple pecado de trabajar y generar más riqueza. Eso por parte de un estado que cada año requiere más dinero, para brindar servicios de peor calidad, y que no cumple con sus cometidos básicos. Y se hace de una forma que rompe con las reglas jurídicas y morales que deberían regular a una sociedad democrática. A la vez que se pega un tiro en el pie, agravando la ya de por si compleja ecuación de las personas formadas que deciden vivir en Uruguay.

Y no va ni un año de gobierno.