El proyecto de ley sobre los retirados militares que envía el Poder Ejecutivo entraña una gran injusticia para miles de ciudadanos que desde muy jóvenes abrazaron la carrera militar y que con más de 35 años de servicio se enfrentan a un claro e injusto despojo.
Las Fuerzas Armadas son la Patria en armas desde el origen del pensamiento artiguista. Una profesión de vida diferente por el marco jurídico que la regula y con un modo de prestación de servicio público distinto al de la burocracia estatal. Y tan es así, que los militares no tienen retribuciones acordes con el horario de trabajo, están al servicio de la sociedad los 365 días del año y se rigen por un régimen legal y disciplinario que hace una gran diferencia en relación a sus funciones.
El Poder Ejecutivo insiste en aplicar criterios diferentes en el área de las finanzas públicas. Mientras mantiene un gasto que no ha tenido límite en la Administración Pública ni en las empresas del Estado, ha decidido crear un tributo a cargo de los beneficiarios para solventar las cifras en rojo que arroja el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Y eso porque a pesar del preocupante déficit fiscal de casi un 4% de las cuentas públicas, se resiste a recortar el despilfarro en que incurre en otras áreas del Estado.
En primer lugar, se parte de una interpretación jurídica equivocada ya que el Servicio referido no tiene autonomía financiera ni administrativa. En realidad, solo se nutre de los aportes de los afiliados mientras Rentas Generales aporta la diferencia para hacer frente al pago de las sumas a las que tienen derecho aproximadamente 35.000 retirados y 15.000 pensionistas militares.
En ese sentido, no puede ignorarse que el Estado tiene una obligación de rango constitucional en relación al pago de jubilaciones y pensiones, al punto que el propio Banco de Previsión Social es asistido por Rentas Generales para cumplir con ella. De la misma forma la tiene con el Servicio de Retiros de las FFAA porque no existe fundamento legal alguno que habilite al Poder Ejecutivo a implementar un trato diferencial a ambos institutos y, menos aún, a obtener los recursos faltantes aumentando los tributos en forma discriminatoria a cargo y en perjuicio de un solo sector.
En consecuencia, el déficit existente es una deuda que el Estado debe tomar y que hoy se cuantifica en unos 400 millones de dólares. ¿Por qué razón se trata de esta forma a una franja de la población que prestó servicios en las FFAA en sus años productivos? ¿Qué obligación tienen retirados y pensionistas militares de pagar solo ellos un tributo adicional al IASS que ya pagan y que también se calculará sobre el ingreso nominal?
En segundo lugar, lo que se le impondrá a ese sector se calcula en unos 30 millones de dólares, lejos de los 400 millones que registra el déficit del Servicio, por lo que no sólo es inconstitucional en cuanto vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica además de los derechos adquiridos, sino que es una decisión política motivada en viejos rencores que la mayoría de los integrantes del Frente mantienen vivos contra las FFAA.
En definitiva, el tema se resume en la voluntad política del gobierno que reitera una visión sesgada contra las FFAA. Agravada ésta, porque no termina de entender que en los tiempos que corren se necesitan militares motivados con retribuciones y retiros decorosos; sobre todo cuando la nueva expresión de la soberanía ya no se mide tanto por el armamento de que se dispone, sino por la profesionalidad con que se combaten los flagelos de la globalización tales como el terrorismo y el crimen organizado.
Todos estos desafíos requieren tecnología y preparación especializada para defender la sociedad, y no señales que alejan a jóvenes de su vocación militar. Nos preguntamos: ¿no son fuentes de trabajo tan dignas como cualquier otra? ¿No son las FFAA a las primeras que se llama cuando se sufren fenómenos naturales y las que custodian los perímetros carcelarios? ¿Acaso no son ellas las que acuden a recolectar la basura cuando funcionarios municipales hacen las huelgas que los militares no pueden hacer?
El gobierno recorre un camino equivocado. Sigue gastando la plata de la gente sin exigir contrapartidas por los beneficios que otorga a otros sectores, mientras mantiene viva la llama del resentimiento amparado en mayorías que desprecian a una Institución que es la columna vertebral de un nuevo concepto de la seguridad nacional. Es lamentable pero no es de extrañar porque para el Frente Amplio siguen existiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, a pesar de lo que diga la Constitución.
EDITORIAL