Playas contaminadas

Montevideo empezó 2026 con una advertencia sanitaria que exigía una reacción inmediata, clara y responsable. En los primeros días del año, tres playas de la capital superaron los niveles de contaminación fecal por enterococos que el propio Estado considera señal de riesgo para el baño recreativo. Frente a eso, la Intendencia de Montevideo no ofreció una comunicación a la altura del problema: hubo información dispersa, mensajes ambiguos y una sensación general de que el ciudadano debía “adivinar” dónde era prudente bañarse y dónde no. El tema no es nuevo, viene ocurriendo hace años que se le oculta a la población sobre el estado de las playas en Montevideo.

Cuando hablamos de salud pública, la opacidad no es un asunto menor: es un peligro real que genera responsabilidades concretas. Los enterococos no son un tecnicismo reservado a especialistas; son un indicador usado internacionalmente para medir contaminación fecal y estimar probabilidad de enfermedades gastrointestinales y cutáneas, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas vulnerables. En plena temporada, con miles de personas buscando una opción accesible de recreación, el deber de la Intendencia es advertir con precisión qué playas están afectadas, qué significa el dato y qué conducta recomienda adoptar.

Peor aún: la discusión reglamentaria -si la inhabilitación formal se basa en coliformes fecales o si el indicador más exigente es enterococos- se usa como escudo para evitar decisiones y, sobre todo, para evitar decir las cosas como son. El ciudadano no necesita un debate entre grises burócratas; necesita información clara y actualizada.

Si un muestreo arroja niveles por encima de parámetros de riesgo, el mensaje debe ser inequívoco: “no ingresar al agua”, “estas son las playas no aptas para baños” y “esta es la próxima medición prevista”. Sin ese mínimo, la política sanitaria se vuelve una ruleta.

La transparencia no se satisface con publicar datos difíciles de encontrar o con comunicar tarde, cuando la noticia ya circula por vías informales. Después de que la gente ya chapoteó entre la caca. Y, en materia sanitaria, comunicar mal puede traducirse en consultas médicas evitables, ausentismo laboral, niños enfermos y una pérdida de confianza que después cuesta años reconstruir. La información relevante debe estar en el lugar más obvio: canales oficiales, señalización visible en cada playa y un tablero simple, playa por playa, con fechas, resultados y recomendaciones.

Esta falta de transparencia no es un episodio aislado. Se encuadra en un estilo de gestión que ayuda a explicar por qué las encuestas muestran una aprobación en baja desde que asumió el intendente Mario Bergara. Los montevideanos ven una administración con resultados insuficientes en lo esencial: limpieza deficiente, iluminación insuficiente, espacios públicos deteriorados y una ciudad que, en muchos barrios, luce cada vez más descuidada. En ese contexto, la opacidad informativa no es un error casual: es parte de una cultura de gestión que evita hacerse cargo desde hace demasiadas décadas.

A ese cuadro se suma la incapacidad de definir un rumbo en temas estratégicos. El caso del transporte es emblemático. Se habla de obras como el “túnel de 18 de Julio”, pero no queda claro para qué se quiere, con qué objetivos, ni qué sistema de transporte se piensa. Es un papelón gigantesco que demuestra, una vez más, que no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo.

Pero volvamos a las playas: una ciudad que no puede comunicar adecuadamente riesgos sanitarios básicos está fallando en su primera responsabilidad. La Intendencia no puede limitarse a “cumplir” con una formalidad mínima; debe adoptar el estándar más prudente cuando está en juego la salud. Y debe hacerlo con una lógica simple: ante la duda razonable, se prioriza la prevención.

Un gobierno departamental moderno puede y debe publicar información en tiempo real, explicar en lenguaje llano qué significa cada indicador y qué precauciones tomar. También debe decir qué se hará para corregir las fuentes de contaminación y en qué plazos: sin ese compromiso, la advertencia es sólo un parche.

Montevideo necesita una Intendencia que respete a sus habitantes y no que les tome el pelo. En materia ambiental y sanitaria, la transparencia no es un gesto: es una obligación. Y cuando esa obligación se incumple, lo que se pone en juego no es solo la imagen de una administración; es la salud de los montevideanos.