Plata a cambio de nada

A partir de los resultados del llamado Diálogo Social seguramente el gobierno procurará la eliminación de las condicionalidades para el cobro de las asignaciones familiares. La reconfiguración que plantea la izquierda es más amplia que esa medida concreta, ya que se propone unificar el sistema de transferencias sociales. Sería dentro de ese cambio general que la condicionalidad de la asignación terminaría cayendo.

Los argumentos izquierdistas son conocidos. Refieren a que hay efectos negativos en los sectores más vulnerables por causa de esta condicionalidad. Al decir del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP): “las condicionalidades generan un elemento distorsivo del que la sociedad uruguaya tiene que ser consciente. Termina desconectando del Estado a los niños más vulnerables del país. Además, no es un instrumento eficiente para asegurar la permanencia en el sistema educativo”. En el mismo sentido desde la academia, siempre afín a la izquierda, se ha dicho que la condicionalidad se sustenta en un enfoque normativo y que la evidencia muestra que no es cierto que las familias no quieran enviar a sus hijos a la escuela.

Como pasa demasiadas veces con el blablablá izquierdista en estos temas, en realidad se afirman con tono muy serio cosas que están fácticamente equivocadas. En primer lugar, resulta obvio que la condicionalidad de la asignación familiar, que implica de parte de los padres o adultos a cargo el deber de que sus niños asistan a un centro educativo y se hagan los controles de salud regulares, es un instrumento para acercar las familias al Estado. No es para desconectarlas, como mal razona el director de OPP.

En efecto, lo que ocurre primero es que salta una alerta porque el niño no está concurriendo a la escuela, y entonces se plantea un llamado de atención a los padres para que cumplan con sus obligaciones. La familia se desconecta, la escuela -el Estado- lo percibe, y por lo tanto opera la condicionalidad para procurar nuevamente la conexión que, además, permite desde allí una mayor cobertura de exigencias con los controles de salud.

En segundo lugar, es evidente de que se trata de un enfoque normativo. Y eso está muy bien: efectivamente, debe cumplirse con una norma para poder hacerse de un dinero del Estado que ayuda a la crianza de la familia. No es verdad como afirma la academia de que no haya evidencia de que las familias no quieran enviar a sus hijos a la escuela: en realidad, el uso del genérico “las familias” para analizar el tema ya es un problema, porque obviamente se trata de una situación que se plantea caso a caso.

Y en este sentido es evidente que le asiste razón al senador Silva del Partido Colorado, cuando por su experiencia previa en la conducción de la educación afirma que la condicionalidad es una herramienta fundamental que tienen las maestras para hablar con adultos responsables que no cumplen a cabalidad la obligación de llevar a sus hijos a las escuelas. Ocurre que, al anunciar las maestras a los adultos que está en riesgo cobrar la asignación, en muchos casos la situación mejora y se normaliza la asistencia a clases.

El tema de fondo con esto de las asignaciones y la izquierda es otro y es bien claro: lo que el Frente Amplio (FA) procura es unificar una dádiva y manejarla con criterio propio, a cambio de nada. Quiere generar de esta manera una masa clientelística de familias económicamente vulnerables y atadas al signo político del gobierno. Porque al no poner más condicionalidades y unificar la prestación, la izquierda habrá centralizado el aporte y luego, en campaña electoral, podrá decir a esos miles de uruguayos que se benefician de esta política social: “miren que si pierde el FA se les acaba este recurso”. Clientelismo puro.

Pero además de esta medida populista que la izquierda está tramando, terminar con la condicionalidad es triplemente injusto. En primer lugar, lo es para los propios niños cuyos padres no se preocupan de que se hagan los controles de salud y que vayan a la escuela: con el plan de la izquierda, definitivamente esos niños estarán más excluidos. En segundo lugar, es injusto para los miles de uruguayos pobres que sí se preocupan por cumplir las reglas: verán cómo su esfuerzo no es valorado y que da lo mismo hacer las cosas bien o mal. Finalmente, es injusto para todos los uruguayos que con sus impuestos financian esta política. Este diseño la transforma en una dádiva populista al servicio del FA. En vez de cuidar a la infancia más vulnerable, da plata a cambio de nada.