¿Pesada herencia?

El ministro de Economía Gabriel Oddone y toda la primera plana del gobierno innovaron con una curiosa metodología en materia de cuentas públicas al comienzo de este gobierno. Como los indicadores objetivos no ayudaban demasiado a sostener el relato de una herencia económica pesada -déficit fiscal menor que el recibido en 2020, riesgo país en mínimos históricos y la mejor calificación crediticia de la historia del Uruguay-, el nuevo equipo económico resolvió ser creativo. A la medición tradicional del déficit fiscal decidió sumarle algo que hasta ahora nunca se había sumado: la llamada “deuda flotante”. Así nació una nueva narrativa según la cual el gobierno habría recibido la peor situación fiscal en décadas.

El problema es que esa interpretación no solo es técnicamente incorrecta, sino que además resulta políticamente inconveniente para quienes la impulsan.

Empecemos por lo básico. No es cierto que al comenzar un nuevo gobierno aparezcan súbitamente obligaciones ocultas del ejercicio anterior. Lo que sí ocurre -y ocurre todos los años- es que parte de los gastos ejecutados en un ejercicio se pagan en el siguiente. Así funciona el criterio de caja que utiliza Uruguay para registrar sus cuentas públicas. Es decir, es completamente normal que cuando empieza un año existan pagos pendientes de gastos ya comprometidos.

Cuando se analizan los números concretos, la supuesta anomalía desaparece rápidamente. Tal como explicó la ex Ministra de Economía Azucena Arbeleche, al asumir el gobierno pasado en 2020 la administración entrante tuvo que hacer frente a compromisos generados en años anteriores por un valor aproximado de 0,5% del PIB. En 2025, al cambio de gobierno más reciente, ese número fue 0,6% del PIB. La diferencia es mínima y está perfectamente dentro de la normalidad administrativa de cualquier presupuesto público.

Por lo tanto, presentar esa situación como una irregularidad o como un indicio de desorden fiscal no resiste el menor análisis. Pero el asunto va todavía más lejos. Porque si de herencias hablamos, la administración de Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche recibió compromisos muchísimo más pesados que los que hoy se pretenden denunciar. Basta mirar el caso más emblemático de los últimos años: el Ferrocarril Central. El costo total del proyecto se estima en aproximadamente USD 1.250 millones, más de 1,5% del PIB, con sobrecostos cercanos al 30% respecto de las estimaciones originales. El caos en este proyecto era total, las estimaciones que efectivamente se requirieron eran cuatro veces las que el proyecto del gobierno anterior había previsto y esto implicó que se necesitaran múltiples ajustes contractuales que el gobierno anterior debió afrontar.

Ese sí fue un compromiso financiero de magnitud considerable heredado de decisiones tomadas durante los gobiernos anteriores. Sin embargo, lejos de construir un relato victimista, la administración multicolor asumió esa realidad y continuó adelante con el proyecto.

La administración pasada hubiera podido montar un escándalo por los sobrecostos que implicaba el proyecto del ferrocarril central tan mal hecho. Sin embargo, no anularon el contrato como hizo este gobierno con el Proyecto Arazatí, ni montaron un circo mediático como con las lanchas de Cardama. Respetando la mejor tradición uruguaya se gestionó la herencia recibida para honrar los compromisos del Estado y obtener lo mejor para la sociedad uruguaya dadas las decisiones ya asumidas por el gobierno anterior.

Por eso resulta particularmente llamativo la insistencia de algunos jerarcas del Frente Amplio con la herencia recibida. Realmente es una comparación en la que no tienen nada que ganar.

La conclusión es bastante clara. El gobierno de Lacalle Pou recibió una herencia fiscal compleja, a la que se sumó una pandemia global que paralizó la economía mundial. A pesar de ese escenario extremadamente adverso, el país logró atravesar el período sin subir impuestos, recuperó el salario real, mantuvo la estabilidad macroeconómica y fortaleció su reputación internacional.

Ese resultado no es una interpretación política: es lo que reflejan los mercados financieros cuando asignan al Uruguay la mejor calificación crediticia de su historia y el menor spread de deuda que haya tenido el país.

Pretender ahora construir una narrativa distinta mediante artificios contables o reinterpretaciones forzadas de conceptos fiscales no parece demasiado serio. Pero sobre todo no es ni siquiera conveniente para quien lo intenta instalar.