Estamos viviendo momentos de alta tensión social, provocados por al menos dos conflictos sindicales que han generado enormes pérdidas al país. Hablamos de los que se han vivido en la construcción, y en el puerto de Montevideo, nada menos.
Se trata de dos áreas estratégicas para Uruguay. La construcción, por ejemplo, es un sector que ha sostenido un dinamismo muy positivo en los últimos años. Esto en base a la llamada ley de vivienda promovida por un lado, y el empuje en obra vial y ferroviaria, que ha tenido el país. A tal punto ha sido bueno el momento de la construcción, que se llegó en algún momento a rozar las 70 mil personas empleadas en ese rubro, en un país que tiene una población económicamente activa de poco más de un millón y medio de personas.
A esto hay que sumar que se trata de un rubro que paga salarios muy por encima de la media, y en especial a personas con calificaciones muchas veces bastante precarias.
O sea que lo que ha sido una verdadera política de estado, sostenida por sucesivos gobiernos, como son los plantes de beneficios impositivos y el empuje de inversión en infraestructura, han tenido un efecto muy saludable en el sistema general.
Eso hasta ahora. El reciente conflicto, con muy difundidos episodios de violencia por parte del sindicato contra trabajadores que no aceptaban parar, y con hechos de directo atentado a la economía de las empresas, como la negativa a trabajar en los momentos clave para las estructuras de hormigón, ha dañado de manera profunda el clima de convivencia en el sector. Además de perjudicar el tiempo de entrega de las obras, lo cual ataca directamente al clima de inversión.
Si a esto sumamos el notorio aumento de costos que implicará el acuerdo de reducción de la jornada laboral, vemos que el panorama en ese sector tan importante, no luce auspicioso a futuro. El gremio se ha aprovechado de su postura de presión, en una actividad que no puede abrirse a competencia externa, para exigir cosas que tendrá hoy, pero que ponen seriamente en riesgo el dinamismo del rubro.
Al mismo tiempo el conflicto del puerto capitalino ha dañado directamente a todo el sector de comercio exterior. Como en los viejos tiempos previos a la ley de puertos, un grupo de sindicalistas, que cuentan con sueldos muy por encima de la media, y con condiciones de trabajo al mejor estilo europeo, han tenido durante semanas y semanas a todo el país de rehén.
Esto no solo ha generado pérdidas millonarias a empresas nacionales. Sino que ha dañado la imagen del país como puerto hub, que sirve a otros países de la región. Son varios los informes que muestran como cargas que se manejaban por Montevideo, empiezan a migrar hacia otros puertos de la región, al perder este la confiabilidad que operaba como diferencial positivo, frente a otras terminales que son más baratas o cercanas al destino de los productos. Un daño muy difícil de medir a la industria de la logística, que es una de las principales apuestas que tiene Uruguay para crecer en los próximos años.
La pregunta que surge es por qué los sindicatos tienen este accionar casi suicida. En algunos casos parece ser un tema de miopía, angurria o simple abuso de una posición dominante, que no tiene por ahora solución clara en el sistema legal nacional. Sobre todo cuando hay un gobierno que no tiene talante ejecutivo, como el actual.
Y esto nos lleva a la segunda situación, que se percibe con bastante claridad en el conflicto en la construcción. Y es un interés político que va mucho más allá de la defensa de la situación de los trabajadores en particular.
Es que el sindicato de la construcción está muy vinculado al Partido Comunista. Y ese partido, desde que comenzó el período, ha estado buscando testear los límites a los que está preparado para llegar el gobierno de Yamandú Orsi. Lo hizo con lo del impuesto a los “millonarios”. Lo hizo con los ataques a la ley de vivienda promovida. Y lo hace con esta demanda casi escandinava de reducción horaria, cuya obtención en la construcción, ya es usada como emblema para intentar extenderla al resto de la economía.
Lo que no es difícil de ver es que desde ciertos sectores marxistas extremos, se está aprovechando la falta de ejecutividad y de don de mando en el gobierno, para tirar por distintos lados, y conseguir pequeñas victorias que le vayan mejorando su posición a futuro. Esto sin que importe el precio que pagarán los trabajadores, por estos excesos. La inacción del gobierno, es lo que fomenta estos problemas.