Nuestros Barrionuevos

Desde la reapertura democrática de los años 80 venimos escuchando el mismo mantra: que los sindicalistas uruguayos no son como los argentinos. Que en el país vecino hay un sindicalismo duro, de raíz peronista, donde se producen todo tipo de irregularidades prácticamente a cara descubierta. Que en el nuestro, en cambio, hay “independencia de clase” y valores solidarios que nos salvan de todo riesgo de corrupción. El paradigma forma parte indisoluble del relato de nuestra izquierda, que se atribuye desde siempre la pureza moral y el idealismo.

Así, cuando hay que separar los tantos entre gremialistas uruguayos y argentinos, suele recordarse una frase célebre de uno de estos últimos, el inefable Luis Barrionuevo, cuando dijo muy suelto de cuerpo en un programa de televisión, ante un estupefacto Mariano Grondona, que “en este país tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años”. En su momento, el dirigente intentó relativizar el uso de la primera persona del plural en su desafortunado sincericidio, pero nunca pudo explicar por qué a ese llamado a la honestidad repentina le había puesto un plazo de apenas 24 meses…

Lo cierto es que los dichos de Barrionuevo se convirtieron en una especie de emblema de la corrupción sistémica de una rosca político-sindical que mucho daño ha hecho a Argentina a través de las décadas. Incluso fueron citados por el inolvidable presidente Jorge Batlle, en aquella combustión espontánea off the record que fue divulgada por un periodista de Bloomberg, la de “son todos unos ladrones del primero al último”... (Una definición políticamente incorrecta por la que Batlle debió pedir disculpas, pero que paradójicamente le granjeó la simpatía de la descreída ciudadanía del país hermano).

Frente a una realidad más de ópera buffa que de sindicalismo auténtico, los sindicatos uruguayos han insistido siempre en su presunta independencia del poder político y su impermeabilidad a cualquier amague de corrupción. Pero los últimos acontecimientos de notoriedad han demostrado que la cosa no era tan así.

Primero fueron las irregularidades del Plan de Vivienda Sindical (PVS) del Pit-Cnt, que tomaron estado público durante la segunda administración Vázquez.

Más recientemente se suma el uso indebido del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), por parte de principales dirigentes del Sunca, quienes a su vez acusan abiertamente a un senador y un diputado del Partido Comunista.

Ahora aparece otro escándalo asociado a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

Su actual secretario general, Marcos Franco, denuncia que dos dirigentes históricos, Jorge “Fogata” Bermúdez y Héctor Dos Santos, habrían recibido miles de dólares en cuentas personales, correspondientes a un Fondo de Formación que financian las mutualistas. Por mayoría de 8 en 15, la dirección de la FUS votó que se exigiera la devolución de los fondos en un plazo máximo de tres días, se retirara a los implicados beneficios como chofer y auto de alquiler pagados por el sindicato, y se realizara una auditoría de los últimos cinco años.

Cuando uno se entera de esto, intuye el coro plañidero que no demorará en saltar desde el sector sindical y del FA: ¡otra operación mediática de “la derecha”! Pues no fue así. No denunciaron este escándalo ni Nacho Álvarez ni Orlando Petinatti, sino nada menos que Eduardo Preve, el mismo periodista que, desde su privilegiada posición en Fiscalía durante el gobierno anterior, filtró a la prensa información confidencial para embarrar a varios políticos de la Coalición Republicana.

Es significativo que estas irregularidades de larga data salgan a la luz justo cuando gobierna el FA, y en momentos en que el oficialismo enfrenta un feroz debate interno con su ala radical, por el posicionamiento de Uruguay respecto a Israel y la presión para el disparatado impuesto del 1% a los ricos.

Da la sensación -solo la sensación- de que estas corruptelas se conocían de antes, pero se apañaban, y que ahora sirve sacarlas a la luz para desprestigiar a los partidos, sectores y personas que ponen en riesgo la navegabilidad del gobierno, por su trasnochado maximalismo.

Por lo menos, ahora se hacen públicas. De todas formas sería deseable que el FA se sincerara de una vez por todas y dejara de usar en campaña electoral a los mismos ultras a quienes después aísla, cuando pasan a ser molestos y dejan de servir a sus fines de acumulación de poder.