“No hay marcha atrás”

Si los planes solidarios que impulsa el Estado ayudan a que el pobre se dignifique, crezca y se desarrolle como persona, son muy bienvenidos.

Pero si lo único que hacen es generar dependencia y el Estado siempre lo tiene que estar alimentando y sosteniendo y no le da herramientas para que crezca, se desarrolle y de independice, serán planes enfermizos.

Este pensamiento pertenece al sacerdote (o “cura” como se le dice) salesiano Mateo Méndez, fundador entre otras cosas del Movimiento Tacurú y es una excelente definición sobre el asistencialismo estatal en barrios marginados y, sobre todo, en las ayudas económicas que surgen desde el gobierno hacia allí y las contraprestaciones que se reclaman. En pocas palabras: cómo debe actuar el Mides y cuál debe ser su principal obsesión.

En estos momentos son 203.000 los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que reciben Asignaciones Familiares del Plan de Equidad. Ello significa ayuda para 830.000 personas, de las cuales 380.000 son menores de edad.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, decidió suspender el pago de 11.000 asignaciones a familias que cobran, pero no mandan a estudiar a sus hijos menores de 13 años. No es algo nuevo, con mayor o menor periodicidad este tipo de medidas se aplicó a lo largo de los años durante los gobiernos anteriores.

Hubo resistencias, la más notorias por parte de la ex ministro Marina Arismendi (el entonces presidente Vázquez tuvo que aprobar un decreto para que cumpliera), pero en general se aplicó porque los niños sin educación no tienen ninguna posibilidad de futuro y de mejorar las condiciones en que viven.

Obvio que la resolución es antipática y afectará a las familias involucradas. Pero no es arbitraria ni caprichosa y se ajusta al marco legal. Es un aspecto fundamental de la contrapartida por el dinero que se entrega. El estudio para los niños es el único camino que les permitirá superarse y evitar vivir de la caridad estatal, changas o cosas peores.

La política del Mides no puede ser solo asistencialismo, asalariar la pobreza. Hay cosas tan o más importantes que deben cumplirse y eso pasa por la educación de los menores. ¿Qué se les podrá pedir o exigir a esos niños, cuando sean un poco más grandes, si lo que aprendieron es a no hacer nada y solo ver cómo su padres recibían dinero del Estado?

Hasta ahí la decisión del Ministro. Impecable. Pero apareció la vicepresidente Beatriz Argimón que, aunque no rechaza la medida, sí manifestó “preocupación” por las consecuencias de esta decisión.

La vicepresidente pidió una reunión con Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social y con Robert Silva, presidente del Codicen, para interiorizarse de la decisión y saber cómo se hace el seguimiento a las familias respecto al envío de los niños a clase en lo que pareció un acto de resistencia o desconfianza con la decisión del Ministro.

“Me parece que está bueno dialogar con los representantes de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides. Esto es algo que nos tiene que preocupar y tenemos que obrar en consecuencia”, agregó Argimón.

Si bien sorprendió que la Vicepresidente no hablara directamente con el jerarca del Mides para evacuar sus dudas, el propio ministro Lema se adelantó y respondió de manera concluyente a las gestiones de Argimón: “No hay marcha atrás. Hacer la vista gorda en este asunto sería hipotecar el futuro de esos menores. Prefiero optar por una decisión antipática que dar una señal que da lo mismo que vayan o no a los centros educativos. Exigir la contraprestación no es solo por los 11.000 casos implicados, sino por los 369.000 que sí cumplen y por eso mantienen su derecho”.

No hay dudas al respecto. El gobierno a través del Mides debe ayudar a los que se encuentran en una situación marginal, buscar reinsertarlos en la sociedad, tratar de que sus hijos se superen y tengan mayores oportunidades, enseñarles a que puedan luchar por su futuro, trasmitirles conocimientos y destrezas.

Son tareas en las que nadie puede discrepar.

Eso redunda en beneficio de la sociedad y redunda en beneficio de cada ciudadano. Todo lo contrario de asegurarle al que vive en la pobreza, que vivirá siempre en la pobreza -financiado por el Estado- y que el mismo destino les espera a sus hijos y a los hijos de sus hijos.

Eso además es una afrenta al que trabaja y se priva de beneficios para pagar sus impuestos y a los que reciben beneficios y se extreman en usarlos para mejorar su situación.

Bienvenido al que cuida cómo el Estado gasta este dinero y el ministro Lema la tiene clara.