No gobernar para las redes

La desafortunada e innecesaria renuncia del Dr. Luis Calabria, un director ejemplar del Interior, por el detalle ínfimo de haber realizado una consulta oftalmológica en el Hospital Policial, pone en evidencia las fallas de gobernar con la atención tan puesta en el micromundo de las redes sociales.

Es verdad que su conducta se apartó de la normativa, pero para subsanar el problema, alcanzaba con solicitar al Hospital una factura por ese servicio puntual, que el Dr. Calabria podría haber pagado sin inconveniente alguno (saldar la deuda de 260.000 dólares generada por el senador Charles Carrera en la anterior administración… sí, eso es bastante más cuesta arriba).

La renuncia es una medida de un principismo maximalista que puede elogiarse, como lo ha hecho el ministro Luis Alberto Heber, pero que no se compadece con la proporcionalidad del problema.

El gobierno no debería caer en el riesgo de ser tan reactivo a las imputaciones que le realiza la oposición. Una cosa es el uso sistemático de recursos hospitalarios por parte de dirigentes políticos en las pasadas administraciones, y otra muy distinta es haberse sometido a unos hisopados (que igual son gratuitos para toda la población, financiados por el Fondo Coronavirus), o haber solicitado una asistencia específica que bien podría abonarse, como se hace con cualquier servicio privado.

Ayer, el siempre ocurrente Esteban Valenti trataba de argumentar en contra de la gratuidad del hisopado al ministro, manifestando en la tertulia de En perspectiva que “las llamadas telefónicas para informar los resultados tuvieron costo” (sic).

Son los mismos que defendían a Sendic argumentando que apenas se había comprado un short deportivo con su tarjeta corporativa, pero pasando por alto que con su insólito diletantismo, el exvicepresidente logró la hazaña de fundir a la empresa monopólica más grande del país.

Lo grave del caso Calabria es que la polvareda que ha levantado, de algún modo resta protagonismo al verdadero escándalo de Charles Carrera, que no fue meramente la irregularidad de haberse atendido en el Hospital Policial. Ni siquiera debe resumirse el tema a que concediera servicios a terceros en forma gratuita, lo que la oposición trata de vender como “solidaridad con una persona vulnerada”, como ha dicho la intendenta Cosse con su retórica populista de siempre.

Lo que está en juego es algo aún más grave que haber dispuesto discrecionalmente de servicios hospitalarios por valor de varios centenares de miles de dólares. Donde hay que hincar el diente es en porqué se concedió ese privilegio irregular, si se lo hizo como una compra de silencio frente a un desborde policial que nunca fue aclarado.

El balazo que dejó paralítico a Víctor Hernández en noviembre de 2012, provino de la casa del subcomisario de policía de La Paloma, en momentos en que se celebraba una fiesta donde, según develó una investigación periodística, también participaba un narco de la zona.

Compare el lector el olor fétido de esta denuncia con una mera consulta al oculista y comprobará lo fácil que parecemos hacer las cosas al Frente Amplio, desviando la atención pública con la renuncia del Dr. Calabria.

Es elogiable la conducta que ha tenido la Coalición Republicana en distintas instancias en que algunos de sus dirigentes se han visto cuestionados, con o sin razón.

A diferencia de las administraciones del FA, que mantenían a las personas observadas en sus cargos aunque estallara el clamor popular en su contra, ahora al gobierno no le tiembla la mano si tiene que depurar sus filas.

Pero no está bien que quienes son inculpados injustamente, tomen decisiones al grito de la tribuna, más cuando esa tribuna está conformada por un par de grupitos de trolls organizados, que divulgan mentiras en las redes sociales, intentando crear un clima artificial de indignación.

Hubo que salir a aclarar que la fiesta del 25 de agosto en la Embajada uruguaya en Buenos Aires costó menos de nueve mil dólares, porque los desconocidos de siempre lanzaron alegremente la especie de que había salido cien mil (igual bastante menos que el ágape de 360.000 dólares con que la Ancap frenteamplista homenajeó a Cristina Fernández y su banda de barrabravas de la Cámpora).

Llega un momento en que el gobierno tiene que concentrarse en seguir hacia adelante con la mayor firmeza y convicción, sin demorarse en tratar de acallar los ladridos de perros a la luna.