Menores: entre la espada y la pared

Las firmas están. Luego de varios meses de campaña, el grupo de dirigentes políticos que lanzó la iniciativa para reformar la Constitución e incluir en su texto la baja de la edad de imputabilidad a 16 años, entregó unas 370 mil rúbricas en apoyo de su propuesta. Era algo previsible. Solo un cerrado preconcepto ideológico, o un divorcio total con lo que son las preocupaciones del uruguayo de a pie, podía llevar a dudar de que una campaña que, en el acierto o en el error, aborda uno de los temas que más inquieta al país, iba a lograr su objetivo. Sin embargo este "éxito" plantea algunos problemas inquietantes.

El principal es acerca de la real efectividad de la medida planteada, y de la complejidad de su implementación tal cual está redactada en el proyecto. Desde el simple hecho de incorporar a la Carta Magna disposiciones que poco tienen que ver con su naturaleza, hasta el entreverado mecanismo jurídico que prevé para analizar la real capacidad de quienes queden en esa franja etaria susceptible de ser juzgados como adultos, el proyecto genera enormes dudas acerca de su implementación práctica. Se trata sí de un explícito grito de indignación de un número significativo de uruguayos que le está diciendo al gobierno que la política oficial de estos últimos años en materia de minoridad es inaceptable. Y es un grito más que comprensible.

Las cifras de estos últimos años revelan que la incidencia de la minoridad en el auge delictivo que padece la sociedad uruguaya hoy es innegable. Por mencionar dos simples datos, los adolescentes infractores cometen un promedio de tres delitos por día. Y en los últimos tres meses han sido protagonistas del 53% de las rapiñas. Si bien este protagonismo de la minoridad en la ola delictiva tiene numerosas causas, la mayoría de los operadores del sistema judicial coincide en que los cambios legales impuestos por el Código de la Niñez aprobado el período pasado tiene mucho que ver con el mismo. Entre otras razones porque el "costo" que hoy representa para un menor el cometer un delito es bajísimo. Se estima que quien realiza una rapiña siendo menor cumple en promedio una pena de 3 meses de reclusión, y quien asesina una persona, menos de 3 años. Además, según la mayoría de los expertos, el sistema impide realizar un trabajo efectivo de "reeducación" con los menores.

La historia de la aprobación de ese código ilustra sobre uno de los principales dramas que aqueja a la sociedad uruguaya. El mismo fue una copia casi exacta del llamado "código holandés", previsto para una realidad social y económica totalmente diferente a la del Uruguay de hoy. Y fue impulsado por políticos más preocupados por hacer buena letra con organismos internacionales y ONG del rubro, que por atender a la realidad actual de nuestro país. Otra vez, la sociedad paga la culpa de tener dirigentes que analizan la coyuntura nacional como si vivieran en París o Estocolmo.

La situación actual deja a una enorme mayoría de la sociedad uruguaya entre la espada y la pared. Por un lado un sector político e intelectual que pretende ignorar la realidad de un problema lacerante, y que considera que cualquiera que exprese preocupación por el mismo es un fascista ignorante e insensible. Por el otro, un núcleo dirigencial que entiende la gravedad del problema, pero que presenta como solución una batería de medidas que chocan con la sensibilidad y la tradición humanista de muchos uruguayos, además de generar enormes dudas en cuanto a su efectividad.

Debería ser hora de que algún sector político tome la bandera de la racionalidad, y respetando la inquietud de miles de uruguayos que firmaron por esta propuesta, así como otros que no lo hicieron pero están legítimamente preocupados por la situación, busquen un camino intermedio que dé respuestas al problema. Así como en los últimos meses (y salvo un reciente y sospechoso episodio) se ha logrado frenar el nivel inaceptable de fugas en los establecimientos para menores, es imprescindible que haya un acuerdo político para modificar ya la normativa legal e imponer un régimen más severo, más realista, y que permita un trabajo en serio con la minoridad infractora. Algo que le deje en claro a la sociedad que el cometer delitos aberrantes no es gratis por un simple tema de calendario, y que las autoridades entienden la genuina preocupación popular. Más de 370 mil firmas dejan en claro que la gente ha perdido la paciencia.