Medio siglo del golpe de febrero

Por estos días, se está cumpliendo medio siglo de lo que se ha dado en llamar el “golpe de febrero”: momento fundamental del ataque de parte de las Fuerzas Armadas al poder legítimo democrático, y que terminara con la disolución de las Cámaras el 27 de junio de 1973, fecha que se toma comúnmente como el inicio del golpe de Estado.

Lo que hubo hace medio siglo fue un desacato por parte del Ejército y la Fuerza Aérea al mando del presidente constitucional Juan María Bordaberry. Frente a un cambio ministerial, esas fuerzas declararon que “Los Mandos Militares del Ejército y Fuerza Aérea han decidido desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional, General Francese, al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. No conformes con esta insubordinación evidente, el 9 de febrero también dieron a conocer lo que se llamó el “Comunicado número 4” en el que plantearon alcanzar varios objetivos de políticas públicas que, en realidad, estaban completamente alejados de sus funciones.

Como si supiesen de economía o de diplomacia internacional, los militares plantearon, por ejemplo, establecer normas que incentivaran la exportación, buscar la reorganización del servicio exterior, o erradicar el desempleo y la desocupación mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo. Pero lo más grave fue la advertencia final del comunicado: “quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las FF.AA. no constituyen una fuerza de represión o vigilancia, sino que integrando a la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la Ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño a fin de poder iniciar la recuperación moral y material del país”.

Para la Historia, importa mucho tener claro cuál fue la posición de la izquierda en aquel entonces. En efecto, su apoyo al movimiento militar golpista no fue ni parcial ni disimulado.

El diario demócrata-cristiano “Ahora” reconocía por esas fechas que “el proceso histórico conducía inexorablemente a una ampliación del carácter tradicional de las FF.AA. como institución subordinada y obediente”. El Partido Comunista también fue muy claro en el mismo sentido progolpista. En el editorial de su órgano de prensa del 11 de febrero se puede leer: “las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho: los marxistas-leninistas, los comunistas, los integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las FF.AA. como salidas inmediatas para la situación que vive la República, y por cierto no incompatibles con la ideología de la clase obrera, sin prejuicio de nuestros ideales finales de establecimiento de una sociedad socialista”.

El mundo sindical nucleado en torno a la CNT no se quedó atrás. El 26 de marzo publicó una declaración que valoraba el movimiento militar golpista como “la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa. Nunca hemos pensado que somos los únicos que queremos la felicidad de nuestro pueblo y nos satisface mucho que en otros sectores que no son clase obrera, se manifiesten esas inquietudes”.

Importantes personalidades de la izquierda también dieron su total apoyo. El 9 de febrero, en un acto político, Líber Seregni, por ejemplo, pidió la renuncia de Bordaberry para permitir así que se abriera un diálogo para la “interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”. Desde el Partido Socialista, Vivián Trías y José Pedro Díaz, por ejemplo, apoyaron la idea de un gobierno conjunto civil-militar.

Infelizmente, la mayor parte de la historia que se ha escrito sobre estos episodios con pluma izquierda y sesgada, no reconoce como es debido al por entonces comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Juan José Zorrilla. Frente a la amenaza a la Constitución que estaba sufriendo el país, cumplió su juramento: decidió generar un espacio de seguridad que permitiera al presidente de la República hacerse fuerte y controlar el levantamiento del Ejército y la Fuerza Aérea. Falto de apoyo, terminó renunciando. Con la restauración democrática a partir de 1985, fue electo senador por el Partido Colorado y luego designado embajador.

A medio siglo de aquellos episodios, es tiempo ya de que el país homenajee como es debido al honorable Juan José Zorrilla, servidor de la Patria.