Martín García y el tiro por la culata

Las relaciones entre países son un asunto institucional y no personal. Obedecen (o deben obedecer) a políticas de Estado y no a una simple cuestión de simpatías individuales. Esto, que parece bastante elemental, nunca lo ha entendido el Presidente Mujica y así vamos a los bandazos en los vínculos de nuestro país con la Argentina. Es cierto que tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya hubo un acercamiento entre ambos gobiernos que parecieron encarrilar las cosas a su nivel histórico, pero ¡ojo! fue necesaria esa sentencia para que ello ocurriera. Todo el verso de "mi querido amigo Pepe" que ha empleado la inquilina de la Casa Rosada podría ser de uso a la hora de tomar algo o mantener una reunión social, pero los puentes seguirían cortados. Porque mientras aquí quedan chochos con esa cariñosa familiaridad y se deshacen en actitudes condescendientes, el cristinismo piensa solo -obviamente - en la Argentina y los argentinos y las ventajas que se pueden lograr para ese país ante tanta dulzura uruguaya.

Aclarado este punto, vamos a pasar al segundo: el dragado del canal Martín García, un tema que está en la agenda de ambos gobiernos a pedido de Uruguay, desde el primer encuentro que tuvieron sus presidentes hace, por lo menos, dos años largos. Para nuestro país, Martín García es sumamente importante. Existen Notas Reversales (verdaderos Tratados) entre ambos países, pero Argentina no cumple o dilata su cumplimiento en materia de profundidad del dragado. El expresidente de la ANP y experto internacionalista, Edison González Lapeyre planteó la posibilidad de que Uruguay asumiera el costo del dragado y, con ello, su administración. ¿El gobierno maneja esa posibilidad más allá de que descuente la negativa cristinista? ¿Cuáles son los inconvenientes de intentar llevar adelante una obra fundamental para nuestra soberanía y nuestra libre salida al mundo? Si las Notas Reversales son desconocidas arbitrariamente, ¿nos quedamos cruzados de brazos?

Como si esta violación de las Notas Reversales fuera poco, apareció en escena una denuncia muy concreta de intento de soborno al embajador Francisco Bustillo, Presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para que se extendiera el contrato de mantenimiento del Martín García a la actual concesionaria, cosa que en definitiva se hizo y por una cantidad bastante mayor a la vigente. La existencia de esas gestiones se conocieron primero a través de la prensa (El Observador) y luego llegaron al ámbito parlamentario. De inmediato, el Presidente Mujica salió al cruce para defender la integridad de los representantes del cristinismo en la CARP o al menos, minimizar la gravedad de los hechos: al que "esté diciendo eso que lo lleve inmediatamente a la justicia penal y si no se calla la boca". El tiro le salió por la culata.

Nada menos que Julio Baráibar, viejo compañero del Presidente y hombre de su extrema confianza, se encargó de poner las cosas en su lugar: dos años atrás el embajador Bustillo había informado de ese episodio a la Cancillería (Almagro) y le había relatado a él lo ocurrido personalmente. La disposición del artículo 177 del Código Penal "Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos", quedó en el olvido o para otra ocasión (o color partidario). Nadie habló más de llevar los hechos a la justicia penal, aunque Baráibar tuvo que renunciar por decir la verdad. Pero, ¿Almagro sabía esto y no lo informó al Presidente? Sería muy grave. Y si lo informó e igualmente Mujica dijo lo que dijo, ¿cómo calificaríamos esa conducta del Presidente? Penosa, para empezar.

Con todo, este trascendido de prensa como fue calificado surtió efectos. Ya no hubo dudas de que el intento de soborno existió y parlamentarios argentinos se sumaron a la exigencia de explicaciones e investigaciones en el caso.

Con la velocidad que lo caracteriza el canciller Timerman envió una nota a su par uruguayo planteando la necesidad de una "auditoría conjunta" entre los dos gobiernos en la CARP a los efectos de investigar el presunto intento de soborno. Y fue aún más allá: planteó un acuerdo para continuar el proceso de las obras para la profundización del Martín García y en llamar a concurso de precios para su mantenimiento, tal como lo solicitó Uruguay.

Si se logró lo que se logró, no fue por la entrañable amistad del querido amigo Pepe con Cristina, sino porque en este país hay gente íntegra que lo defiende, hay una oposición parlamentaria que funciona y existe la molesta libertad de prensa que no necesita autorización para decir las cosas. Aunque al gobierno no le guste y permanezca en falta con la denuncia penal por intento de soborno.