Se ha generalizado la idea de que cada vez que la oposición cuestiona una decisión del gobierno, en realidad está “partidizando” el debate. Esto dicho con connotación negativa: no es que a los partidos opositores les interese el destino del país, lo que en realidad les importa es llevar agua para su molino y por esa vía generar adhesiones. Con ese argumento, el debate se tranca. Ya no importa si las razones dadas por la oposición son de recibo y están bien fundamentadas. Esa presunta partidización contamina la discusión. Basta decir que eso ocurre para no tener que refutar la posición opositora. Se la deslegitima simplemente.
Estas reflexiones surgen a raíz de unas declaraciones hechas por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, durante una entrevista concedida a nuestro diario el pasado fin de semana. Para el ministro era “equivocado partidizar el acceso al agua potable”. Esto lo dijo en referencia a la decisión del Partido Independiente de presentar una demanda judicial contra OSE para frenar la construcción de la represa de Casupá, optada por este gobierno en lugar del proyecto Neptuno que había iniciado la administración anterior.
Habría que empezar aclarando que en la medida que el rol de oposición a un gobierno está siempre en manos de partidos que tienen un determinado aval electoral y por lo tanto cumplen un rol de representación de ciertos sectores de la ciudadanía, lo que esa oposición haga siempre será calificado como “partidizado” ya que lo es por definición. Esa es su función y es lícito que así sea.
El problema entonces no es que Pablo Mieres, que ha sido un insistente crítico a la decisión de renunciar al proyecto Neptuno, hable desde una visión partidizada, sino que con el argumento de que es así, el oficialismo evita responderle, quizás porque no tiene argumentos de igual contundencia. Le aplica el rótulo de “partidista”, lo descalifica por ese motivo y no se siente obligado a rendir cuentas, ni ante Mieres ni ante el país.
En definitiva, ni el Partido Independiente, ni dirigentes blancos y colorados que cuestionan el proyecto de Casupá, hablan por mero capricho. Están representando a sectores importantes de la sociedad que ellos sí, desde una visión no partidizada pero que responde a intereses legítimos, también rechazan esa iniciativa y sostienen que lo mejor es volver al proyecto original, el Neptuno en Arazatí.
Quien sin duda está “partidizando” el acceso al agua potable es el ministro Ortuño, que sigue aferrado a un mal proyecto rechazado por ambientalistas, productores agrarios, propietarios de terrenos a ser expropiados, vecinos de la zona. Rechazado además por el más elemental sentido común: Casupá no es la solución, Neptuno sí. Si el gobierno no hubiera cambiado de rumbo y se hubiera atenido al plan original, hoy las obras en Arazatí estarían muy avanzadas, camino a dar una solución contundente al tema del agua potable en la zona metropolitana que tanto preocupa a Ortuño.
El reclamo por volver al plan original y dejar de lado Casupá es muy amplio y tiende a crecer. Los argumentos que se esgrimen son sólidos y de sentido común. Casupá implica inundar terrenos productivos, eliminar montes nativos y generar una reserva de agua que podrá ayudar o no. No hubiera servido de mucho durante la dramática sequía de 2023 porque estaba en la zona afectada. Neptuno en cambio, implica expropiar menos terrenos, no afecta flora nativa, no hay que hacer embalse alguno y toma agua de una fuente inagotable como es el Río de la Plata, la misma fuente que abastece a Juan Lacaze, Colonia del Sacramento, Carmelo y por supuesto a Buenos Aires.
Estos argumentos son tan sencillos como rotundos y basta repasarlos para corroborar que de partidarios no tienen nada. Se demuestran por si solos. Por eso organizaciones agrarias, vecinales y ambientales (ninguna de ellas partidarias) reaccionan con creciente enojo a la tozuda decisión oficial de aferrarse a un proyecto caro y con poco destino.
La oposición también seguirá insistiendo en este tema para evitar un final irreversible. Es su responsabilidad ante el país y es su deber como representante de sectores que necesitan expresarse. Productores, ambientalistas, vecinos enojados, del partido que sean, no cederán en ejercer su presión para dar vuelta esta decisión. El que se tiene que “despartidizar” es el ministro, y con él todo el gobierno.
Desde el día que asumió debió atenerse al plan ya trazado. Era lo más sensato y se hubiera evitado un dolor de cabeza.