La Cámara Uruguaya del Libro, junto a un grupo de librerías independientes, presentó ante legisladores de todos los partidos un anteproyecto de ley de precio único del libro. La propuesta establece que los libros nuevos tengan el mismo precio en todos los puntos de venta, con un descuento máximo del 10%. Se invocan causas nobles: la bibliodiversidad, la supervivencia de las librerías de barrio, la defensa de la cultura frente a las plataformas digitales y los acuerdos con tarjetas que hoy permiten comprar libros más baratos.
Conviene traducir el eufemismo: una ley de precio único es una ley que prohibe vender más barato. Su efecto inmediato y deliberado es que los uruguayos paguen los libros más caros de lo que los pagan hoy. Ese no es un daño colateral de la iniciativa: es su propuesta explícita. La protección a las librerías se financia con un sobreprecio que sale del bolsillo de cada lector.
Revisando la experiencia internacional aparece con bastante nitidez que la evidencia que los promotores citan a su favor tiene varias lecturas. El estudio más riguroso disponible, elaborado por economistas de Cambridge y del Politécnico de Turín sobre el caso italiano, con datos de las ventas de libros antes y después de la ley, concluyó que el precio fijo elevó los precios sin aumentar la cantidad de títulos nuevos publicados. Israel ofrece el experimento completo, con ida y vuelta.
Ese país probó una ley de precio fijo en 2014 y la derogó en 2016. La ministra de Cultura que impulsó la derogación lo resumió sin mucha vuelta: el precio de los libros subió y las principales víctimas fueron los lectores.
Pero lo más importante de este anteproyecto no es el libro, es la lógica. Un grupo pequeño, bien organizado y con una causa simpática se moviliza para obtener del Estado un beneficio concentrado, cuyo costo se diluye entre millones de consumidores que no se enteran, no se organizan y no hacen lobby.
Los ejemplos son infinitos en Uruguay. Hace unos días la ministra Cardona explicaba los beneficios de que todo el país compre caros los productos industriales.
Pocos días después la misma ministra, junto con el Congreso de Intendentes, acordó que para salvar la producción ineficiente de pórtland los gobiernos departamentales lo comprarían más caro. Los productores de pollo consiguen que esté virtualmente prohibida la importación de este producto, así que todos los uruguayos pagamos más caro un alimento tan básico.
Las cajas paraestatales consiguen subsidios del resto de la sociedad para tener jubilaciones muy superiores a lo aportado.
Ahora, son los libreros, o mejor dicho, algunos libreros, los que quieren poner una restricción a la competencia para tener un beneficio. El resultado es siempre el mismo: combustibles caros, pollo caro, rescates con plata de todos y, si esta ley prospera, libros caros. Después nos preguntamos, con genuina perplejidad, por qué Uruguay es caro. Uruguay es caro porque lo hemos decidido así, una ley a la vez, cada vez que un sector consigue que el Parlamento le firme el derecho a cobrarnos de más.
Nada de esto niega que las librerías enfrenten dificultades reales, ni que cumplan una función cultural valiosa. Martín Álvarez, librero independiente dedicado al libro usado, publicó una serie de columnas donde critica el proyecto a puro fundamento. Explica que puede ser cierto que el precio de tapa no suba con la ley, pero el lector que hoy compra con un 20% o 25% de descuento y mañana lo tiene prohibido pagará más.
Álvarez señala además que la librería chica pierde con esta ley una de las pocas herramientas que le quedan, la de mover el precio cuando lo necesita, y advierte que las regulaciones de este tipo terminan pesando sobre el comercio formal que ya cumple, mientras los canales informales se adaptan más rápido. Gustavo Aguilera, de la tradicional Librería Montevideo, tampoco suscribe la iniciativa: el problema de fondo, sostiene, es que los hábitos cambiaron y mucha gente compra por internet.
Si se encarece el precio en librerías formales de plaza, serán mayores los incentivos a comprar por internet. Estas voces demuestran que es posible querer a las librerías y aun así entender que el camino no es cobrarle más caro al lector.
Si el Parlamento quiere hacer algo por el libro, tiene una oportunidad mejor: rechazar este proyecto y, de paso, sentar un precedente. Que la próxima corporación que llegue con una causa noble y una ley para encarecer la vida de los demás encuentre, por una vez, la puerta cerrada.