Les falta educación

El gobierno del presidente Lacalle Pou y la Coalición Republicana actuando en forma monolítica, han anunciado que no retrocederán ni un ápice en los cambios comprometidos con la educación, pese a las reiteradas movilizaciones sindicales.

Bienvenida esa decisión; es el cumplimiento de su compromiso electoral y del juramento presidencial de actuar conforme a lo que establece la Constitución.

Ni lo político, ni lo gremial están por encima de la Constitución. Y la Constitución dice en su artículo 70 que “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial (…) La ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones”. Este mandato no solo es un derecho y un deber de los padres de velar por “el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social” (art. 41), sino que impone al Estado la obligación de crear, administrar y defender un servicio que haga posible su cumplimiento.

Pero el Estado no solo debe preocuparse que los niños y jóvenes asistan a sus clases, sino que primero debe asegurarse que existan clases y que existan docentes que enseñen a esos niños y jóvenes. De lo contrario, la obligatoriedad constitucional se vuelve una farsa.

Hace años que el país sufre la soberbia de los sindicatos de la enseñanza, que no reparan en daños ni en niños a la hora de plantear sus reclamos y los métodos que eligen para presionar. Siempre nos rechinó que la forma que tiene un docente sindicalizado para “defender” la enseñanza y pedir mejores salarios sea indefectiblemente dejar a sus estudiantes sin clase. Si poco sabían los chicos, menos van a saber porque a esos docentes les sobra egoísmo y les falta educación; les importa un ardite los que les ocurra en el futuro y las carencias que tendrán niños y jóvenes para abrirse paso.

El FA, en sus 15 años de gobierno, intentó promover cambios para mejorar el nivel de la educación, pero fracasó indefectiblemente porque eso significaba un enfrentamiento con el movimiento sindical y eligió siempre recular, aunque el precio fueran los jóvenes, antes que hacerse respetar.

El remate de ese proceso ocurrió durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Apenas asumió decidió cumplir con su promesa electoral de cambios (y modernización) que estaba respaldada por su advertencia de que si era necesario aplicar la esencialidad para su cumplimiento, no le iba a temblar el pulso. Y apenas quiso cambiar algo, los gremios se alzaron. Hubo enfrentamiento y represión, pero como pasaban los días y no se lograba nada, anunció la aplicación de la esencialidad de la Educación.

Allí terminó prácticamente su gobierno. En el mismo año (2015) que había asumido. Sus “compañeros” del FA lo dejaron solo, colgado del pincel y no le quedó más remedio que recular en tiempo récord. Los dos referentes del cambio educativo que impulsaba Vázquez, Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir (fundadores de Eduy21) renunciaron a sus cargos de subsecretario y director de Educación en el Ministerio de Educación.

El expresidente Mujica, el mismo que reclamaba cuando asumió “educación, educación y otra vez educación”, tras su experiencia en el cargo se vio obligado a cambiar sus palabras: “Hay que juntarse y hacer mierda a los gremios (de la enseñanza); no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino”.

Pese a la claridad del pensamiento del expresidente, el FA habla ahora de mediar en el alzamiento docente contra la reforma educativa impulsada por el gobierno de Lacalle Pou y su Coalición Republicana. ¿Mediar? ¿Mediar qué? Están errados: no hay nada que mediar. Al Presidente de la República lo eligieron prácticamente el 50% de los uruguayos. A los dirigentes sindicales los eligen sus afiliados. Muchísimo menos. Y, además, los cambios en la educación eran parte de la LUC, esa ley que fue sometida a referéndum y ratificada por la ciudadanía. ¿Puede dudarse de quién tiene mayor legitimidad a la hora de imponer sus decisiones?

El Presidente de la República jura defender la Constitución, lo que implica velar por la totalidad de los ciudadanos. ¿Tiene la obligación de defender y asegurar la educación de los menores o debe ceder ante las presiones políticas o gremiales que se planteen?

Al Presidente no se lo elige para ser simpático, no tiene por qué serlo. Simplemente se lo elige para que sea Presidente y el Presidente manda. Si los gremios docentes tuvieran un mínimo de educación sabrían que esto es así. Pero se rifaron esta bolilla cuando eran estudiantes y nunca más se preocuparon de aprenderla.

No hay nada que mediar, simplemente se trata de cumplir con la Constitución y la Ley.