Legitimidades de origen y de ejercicio

La democracia es el régimen que se preocupa porque sus dirigentes tengan el respaldo de una fuerte legitimidad de origen y una igualmente vigorosa legitimidad de ejercicio en el poder.

La legitimidad de origen es asegurada por elecciones plurales sin tacha y con garantías para todos. En el caso de nuestro país, eso está protegido desde hace un siglo ya por la Corte Electoral. Es fundamental que nadie ponga en tela de juicio los resultados porque todos confían en el sistema electoral y en que él expresará fielmente la voluntad popular. La legitimidad de ejercicio no es aritméticamente tan evidente: se trata de que, en el ejercicio del poder legítimamente obtenido en su origen, el gobernante cumpla con las leyes y también con sus principales promesas de campaña electoral.

En un régimen semi-presidencialista como el nuestro importa muchísimo que el presidente en particular respete la legitimidad de ejercicio. En efecto, cuando ella no se verifica en un régimen parlamentario, por ejemplo, está al alcance del Parlamento quitar la confianza al gobierno y procurar, con nuevas mayorías legislativas, formar un nuevo elenco para el Ejecutivo. Las experiencias de la segunda mitad del siglo XX italianas, por ejemplo, muestran ese juego parlamentario que se hace tan exigente para el gobierno en el cumplimiento de las expectativas políticas durante el período que se extiende entre una elección y otra.

Empero, para el semi-presidencialismo que es el nuestro, ese camino institucional no está disponible dentro de las reglas normales de juego democráticas, ya que no está previsto que caiga el presidente de la República antes de cumplir todo su mandato de cinco años. ¿Cuál es la salida institucional que ofrece entonces el semi-presidencialismo cuando la legitimidad de ejercicio del presidente se ve fuertemente erosionada? Es una erosión que hoy puede verificarse de dos maneras.

Por un lado, está el bullicio cada vez más potente de parte de la fuerza política que lo llevó al poder: el Frente Amplio se queja por incumplimientos de las expectativas puestas en la campaña de 2024. A eso se suman los resultados convergentes de todas las encuestas de opinión que sitúan al presidente Orsi, antes de esta crisis de los últimos diez días, en un nivel de satisfacción muy bajo de su gestión. Tan bajo, que sólo es comparable con el que recibió Jorge Batlle durante los meses de mayor embate de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. Por otro lado, la erosión presidencial se agravó con esta crisis de la compra de su camioneta en la que, sin duda alguna, se ha puesto en tela de juicio no solamente la capacidad política y de comunicación de Orsi, sino también su capital personal y de campaña en torno al eslogan de 2024, “que gobierne la honestidad”. Y lo peor es que no es una crisis que esté resuelta ni que deje pensar que vaya a zanjarse de la mejor manera para la imagen del presidente.

Nuestro semi-presidencialismo ofrece dos salidas institucionales a un escenario en el que la legitimidad de ejercicio del gobernante está puesta en tela de juicio de modo tan radical. Un primer camino es la renovación de todo o una parte del elenco del Ejecutivo: como precisa de un respaldo parlamentario sólido, esa renovación presume un reinicio de tareas con una expectativa diferente a la actual. El presidente conserva para sí su figura de jefe de gobierno, y opera un cambio que baja los decibeles a la crítica. Abre una esperanza nueva de que se cumplirá una tarea mejor que la que hoy está siendo tan mal evaluada.

El segundo camino es limitar al presidente a su papel de jefe de Estado y poner en el papel de jefe de gobierno a una figura oficialista que aporte un aire fresco a la gestión. La mejor ilustración de nuestra historia reciente fue cuando en plena crisis de 2002 Alejandro Atchugarry se ocupó del Ministerio de Economía y desde allí llevó adelante los acuerdos para dar oxígeno a un gobierno cuya legitimidad de ejercicio estaba siendo fuertemente puesta en tela de juicio por la opinión pública. Lo hizo con éxito y hasta agosto de 2003, y sorteó así el presidente Batlle una crisis política muy importante.

No se puede pedir a la oposición cuidado de la institucionalidad presidencial por un lado, si por otro lado el oficialismo no opera los cambios políticos acordes a la gravísima crisis en la legitimidad de ejercicio que está sufriendo el presidente Orsi. Tiene varios caminos posibles. Hacer como que no está pasando nada no es una opción que cuide la democracia.