Hace tiempo que la sociedad uruguaya viene perdiendo por paliza contra el auge de la droga y el narcotráfico y su secuela de violencia. Y no es porque haya un abierto fracaso de la Policía y todo el engranaje político-jurídico armado para luchar contra ese flagelo. Los resultados y las cifras a lo largo de los últimos años no son malos y mejoran, pero sin embargo el tema de la droga y el narcotráfico siguen y crecen junto a la violencia.
Ocurre que los delincuentes reclutados por el hampa se multiplican mucho más rápido que aquellos apresados por las fuerzas de seguridad. Y en mucho ayuda la realidad que hoy impera a la hora de observar el panorama político-jurídico: los delincuentes tienen como su horario para “laburar” las 24 horas del día si les place, pero la lucha contra ellos es de tiempo parcial. De noche la Policía o los efectivos de seguridad no pueden trabajar. Están vetados por la Constitución.
El artículo 11 de la Carta Magna de nuestro país prohíbe los allanamientos nocturnos en los hogares: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
Su origen es la Constitución de 1830. En aquel momento e incluso tiempo después, nadie discutía su razón de ser: se trataba de un freno a las arbitrariedades del poder, en una época donde las democracias, los principios republicanos y un débil Poder Judicial carecían de fuerza para detener a los gobernantes de turno. Y la gran mayoría de las constituciones de la época tenían una disposición similar.
Hoy, apenas cuatro países de los 183 que integran las Naciones Unidas mantienen esta añeja disposición: Uruguay, Mozambique, Cabo Verde y Guatemala.
Muchos son los motivos que han jugado para ese desplazamiento, porque la realidad hoy es otra. Las democracias, los principios republicanos, los derechos humanos, el Poder Judicial, tienen una fuerza de la que antes carecían (o el mundo menospreciaba) y como contrapartida han aparecido -en todas partes- organizaciones criminales que funcionan las 24 horas del día y obliga a combatirlas las 24 horas del día. Regalarles la noche para que hagan lo que quieran, directamente es un suicidio colectivo.
Basada en ello, la Coalición Republicana ha planteado una reforma de la Constitución: la propuesta del senador Carlos Camy de una nueva redacción del artículo 11 busca solucionar ese desfasaje jurídico y dice: “El Hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley”. No será la gran solución al narcotráfico, pero por lo menos se podrá pelear en igualdad de condiciones.
Hace un tiempo, el entonces senador Pedro Bordaberry consideró que “a esta altura, una disposición imaginada para limitar la prepotencia del soberano autocrático, está resultando en un cómodo parapeto para la delincuencia”. Y, en el mismo sentido, el expresidente José Mujica completó ese pensamiento al afirmar “que a una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea”.
Pero el Frente Amplio de hoy, con su candidato presidencial de hoy a la cabeza, se ha opuesto. La verdad es que a veces preocupan las ideas, los comentarios y las críticas que vienen desde Yamandú Orsi, porque son muy tontas y ridículas. Por si no se dio cuenta, durante los 15 años que el FA estuvo en el gobierno, el actual artículo 11 funcionó y trancó muchas veces el accionar de la Policía.
Además, se supone, que aspira a ser presidente y va a tener que luchar contra el narcotráfico dándole flor de ventaja. Y su líder José Mujica, que ya ha sido presidente y ha sufrido por ese vetusto artículo 11, ha sido categórico en la necesidad de cambiarlo o hacerlo desaparecer.
No se necesita ser muy inteligente para saber que el narcotráfico no distingue partidos políticos: le da lo mismo que el gobierno sea de la Coalición Republicana o del Frente Amplio. Aunque no nos guste el término, el delito y, sobre todo, el negocio de la droga es muy “democrático”: alcanza por igual a todos y no discrimina por simpatías políticas. Aunque Orsi no lo crea.
Lo grave es que el Frente Amplio le niega a la sociedad -a toda la sociedad- la posibilidad de vivir mejor y con un poco menos de miedo. Pero no solo se lo niega, sino que hace campaña para que nada cambie y los narcos mantengan su impunidad nocturna.
¿Por qué?