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La comparecencia del ministro del Interior al Parlamento la semana pasada sirvió para poner los puntos sobre las íes una vez más acerca del problema de la inseguridad.
Cuando se analizan los datos presentados, no puede haber dos opiniones: estamos mucho mejor que en el último año del gobierno del Frente Amplio (FA), a pesar de que todavía no se pueda hablar de un país con una delincuencia controlada y que vive en paz. Pero lo más importante de todo, es que desde 2020 se cortó la evolución que había signado a los 15 años de gobiernos de izquierda, es decir, una situación de inseguridad cada vez peor.
Las cifras hablan por sí solas: en 2021, último año cerrado con datos, los homicidios, las rapiñas, los hurtos y los abigeatos son, todos, menos numerosos que en 2019. Y nadie ha hecho ninguna trapisonda con las estadísticas: no solamente porque se trata de los mismos equipos que las calculaban en el período del FA en el poder, sino porque la magnitud de la baja hace imposible que estemos ante trampas de números estructurales sin que nadie se dé cuenta de nada: en este sentido, las quejas y las insinuaciones de todos estos meses de parte de la oposición izquierdista son tan irresponsables como vergonzosas.
Además, hay un tema metodológico muy importante a resaltar. En efecto, los datos con los que contamos son estadísticas de denuncias. Y el problema, en particular con los hurtos que por definición no implican violencia, es que en tiempos del FA en el poder a la cifra oficial siempre hubo que sumarle un porcentaje relevante de casos no denunciados. Se llegó a calcular esa proporción en el eje del 40%; es decir que, en vez de cerca de 140.000 hurtos en 2019, la cifra real fue más bien de cerca de 200.000 en ese año.
La verdad de la inseguridad es que falta mucho por hacer, pero que estamos muchísimo mejor que en 2019. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
El razonamiento es bastante lógico de entender: cuando la población se da cuenta de que la denuncia no logra el objetivo de hacerse rápidamente del bien robado, muchas veces pierde interés en acudir a la comisaría y perder un tiempo precioso que se precisa para otras actividades relevantes del día. Pero eso es justamente lo que cambió a partir de 2020: la sensación es que efectivamente la policía actúa con más eficiencia, y por tanto se hace evidente que a los 112.000 hurtos de 2021 no hay que sumarle un 40% para aproximarse a la verdad de esa incidencia de inseguridad, sino un porcentaje mucho menor.
¿Cómo se puede decir que la policía es vista hoy como más eficiente que antes? No solamente en base a distintas encuestas que en estos meses han sido públicas y que señalan que la policía ha mejorado radicalmente su imagen entre lo población. Sino a partir de datos concretos que son los de los récords de tareas represivas que presenta la gestión actual del ministerio del Interior.
En efecto, nunca antes hubo tantas bocas de pasta base desarticuladas como en 2021; nunca tantas personas indagadas, y nunca tantas condenadas como en ese año. También, hubo récord de dólares y pesos incautados, y más de dos toneladas de cocaína incautada. Son cifras relevantes, porque ilustran el fundamento a partir del cual la gente, concretamente, saca sus conclusiones de que efectivamente hay una tarea de represión del delito desplegada con decisión y acierto en todo el país.
¿Cómo puede ser que, frente a todos estos datos estadísticos reales que reflejan con certeza la mayor tarea del ministerio del Interior en comparación sobre todo con los últimos años del período del ex - ministro Bonomi, el FA hoy opositor plantee que hay una situación de inseguridad que se ha escapado de las manos del gobierno? Es porque la voluntad de la izquierda, aquí también, procura instalar un relato falso de la realidad que quiere hacer creer que todo es un desastre y que antes la situación era mejor, ¡incluso en el tema de inseguridad, donde el FA fracasó rotundamente en el gobierno!
Nadie puede decir que los problemas están resueltos. Para el caso de las rapiñas, por ejemplo, si bien las cifras de 2022 van mostrando un panorama que mejora incluso los resultados de 2021, es cierto que todavía no se alcanza a bajar a menos de 15.000 rapiñas por año - que era la promesa de campaña de Vázquez en 2014 y que fue completamente incumplida -. Sin embargo, el quiebre de la tendencia gravísima que llevaba el país en el bienio 2018- 2019 es totalmente verificable.
La verdad de la inseguridad es que falta mucho por hacer, pero que estamos muchísimo mejor que en 2019. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y en este sentido es evidente que la ceguera del FA es completamente voluntaria.