Cuando decimos que una persona recupera su libertad, ¿es libre?, ¿siente que es libre?, ¿piensa que tiene opciones?, ¿tiene posibilidades de decidir lo que va a hacer?”. Esta reflexión del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, es el gran desafío que encaró ese Ministerio y ha provocado una fuerte sacudida en las políticas sociales, tan invocadas pero más olvidadas en los 15 años de gobiernos frenteamplistas. El Mides fue una de las causas de la derrota del FA y ahora será factor de una nueva victoria del actual gobierno.
La historia, corta pero precisa, se remonta a setiembre del 2020 cuando el Mides realizó el censo de personas que viven en la calle. El 53% de los que vivían a la intemperie habían estado privados en algunas de las cárceles del país, sobre todo entre quienes tenían de 30 a 50 años.
A partir de este dato se decidió que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que estaba en la órbita del Ministerio del Interior, pasara a formar parte de la Dirección Nacional de Protección Social del Mides para tener un abordaje distinto. No hay duda que la falta de trabajo es una de las causas que impiden que las personas que egresan del sistema penitenciario se reinserten correctamente en la sociedad.
El problema es conocido. Lo llaman “la puerta giratoria”: la persona liberada no consigue empleo, pasa a estar en situación de calle, vuelve a delinquir en busca de recursos y cae de nuevo en la cárcel. Pero también influye y mucho el tema de las adicciones y de la salud mental. Es necesario enfrentar a todo este paquete para que haya solución y disminuyan los delincuentes.
En la última semana el gobierno lanzó una fuerte ofensiva para impulsar una reinserción social y bajar la reincidencia en el país. El presidente Lacalle Pou, acompañado por el Ministro de Trabajo y el de Desarrollo Social, lanzó el programa “Sinergias para construir una mejor sociedad” que promueve la inserción laboral de personas liberadas. En las instalaciones del World Trade Center y ante cientos de empresarios de las más variadas gamas, el Presidente preguntó: “¿Quién no necesitó una segunda oportunidad?” y luego explicó la causa de la reunión.
No hay dudas de que si no hay ayuda, “la puerta giratoria” no parará de funcionar con jóvenes que han errado una vez y la única posibilidad que encuentran es pararse frente a ella para volver a entrar.
El Presidente fue clarito: por más preocupación y estímulos que pueda aportar el gobierno, si cada uno en su empresa no toma y acompaña esa decisión, “estamos fritos”. En tanto el Ministro de Desarrollo Social fue categórico y destacó que en el correr del segundo semestre del año pasado, 107 jóvenes presos pasaron por cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Personal (Inefop). “¿Saben cuántas personas reincidieron?” interrogó al público. “Una sola”.
Este desafío lanzado por el gobierno contra el delito no quedó ahí, sino que tiene otros capítulos como son la salud mental y las adicciones, dos rubros que hacen tambalear por momentos a los barrios periféricos y se extienden a todas las ciudades.
El gobierno ha elaborado la Rendición de Cuentas (la última de este mandato presidencial que permite gastos). La gran inversión que cierra la gestión de Lacalle Pou es justamente esa. La Rendición de Cuentas dispondrá de US$ 20 millones para atender la problemática de la salud mental y las adicciones a través de ASSE según anunció el titular de Interior, Luis Alberto Heber, tras la reunión del Consejo de Ministros. Heber recordó que en la Rendición de 2021 el principal objetivo fue invertir (US$ 50 millones) en la primera infancia; en la de 2022 -que se está ejecutando- fue la recuperación salarial con el acento en la Policía y el Ejército, cuyos sueldos “realmente eran paupérrimos”. Y ahora se atacan factores que generan más delincuencia y los convierte en agentes del narcotráfico.
Por primera vez en la historia, ASSE ha llevado a cabo un estudio clínico de las 14.500 personas privadas de libertad “y se obtuvo como resultado que hay un gran problema de salud mental, además de las adicciones”.
Pero no terminan ahí las inversiones y los desafíos: habrá 330 millones de dólares que se van a ejecutar en materia de viviendas para erradicar asentamientos en los que vive mucha gente, una materia sobre la cual ha estado comprometido desde el primer día el presidente Lacalle Pou.
No hay dudas. Este paquete de gastos es único en la historia y es la propuesta más ambiciosa que surge de un gobierno. Bienvenido. Y que todo el pueblo respalde, porque nos va la suerte y el destino del país y de nuestros hijos.