La pérdida de la confianza

En política hay pocos activos tan valiosos como la credibilidad. No figura en los presupuestos ni en las planillas del Ministerio de Economía, pero determina buena parte del éxito o del fracaso de un gobierno. La credibilidad se construye con paciencia, coherencia y previsibilidad; se destruye cuando la palabra empeñada se incumple. Y eso es lo que viene ocurriendo con el Frente Amplio a una velocidad rampante.

Durante la campaña electoral, la promesa fue explícita: no habría aumentos de impuestos. No fue un matiz técnico fue un compromiso central, pronunciado por el actual presidente entre otros ámbitos, en el debate presidencial, destinado a tranquilizar a una ciudadanía cansada de la presión fiscal agobiante. Nueve meses después, esa promesa aparece vulnerada y otra vez.

El presupuesto nacional creó tres nuevos impuestos. Uno sobre las compras en el exterior -el llamado impuesto Temu- que encarece el consumo de miles de hogares. Otro sobre las rentas generadas fuera del país, castigando el ahorro y desalentando inversión y repatriación de capital. Y un tercero sobre las zonas francas, uno de los instrumentos más exitosos que ha tenido Uruguay para atraer empleo, tecnología y exportaciones. Tres impuestos nuevos. Tres incumplimientos claros.

Lejos de ser un episodio aislado, la secuencia continuó. Se acaba de anunciar un aumento en las tarifas públicas, abandonando la política del gobierno anterior de ajustar por debajo de la inflación para que, en términos reales, las tarifas bajaran. Aquella regla no era un capricho: era una señal de eficiencia, disciplina y sensibilidad con el bolsillo de los uruguayos. Al revertirla, el gobierno reintroduce presión de costos en hogares y empresas, y también alimenta expectativas inflacionarias.

El golpe más burdo llegó la semana pasada: el incremento de la cuota del Fonasa para más de 150.000 trabajadores. Es un mazazo tributario que no responde a ninguna reforma estructural del sistema de salud ni a un diagnóstico de fondo que el gobierno se haya tomado el trabajo de explicar. Para peor, se evitó el Parlamento y se comunicó en vísperas de fin de año, como si se buscara deliberadamente esquivar el debate público. Gobernar así no es firmeza es sencillamente opacidad.

Lo más preocupante no es solo el impacto inmediato sobre el bolsillo. Es el mensaje que se envía a quienes deciden, invierten y planifican: que los compromisos pueden deshacerse sin costo y que las reglas se cambian por sorpresa. En un país pequeño y abierto, la confianza es condición necesaria para el crédito, la inversión y el empleo. Sin confianza, el riesgo sube, el financiamiento encarece y el crecimiento se enlentece.

Cinco incumplimientos de la promesa de no subir impuestos en nueve meses no pueden presentarse como “ajustes” inevitables. Revelan una conducta: decir una cosa para ganar una elección y hacer otra al administrar. Y esa conducta tiene consecuencias, porque si se miente con tanta naturalidad en asuntos tan básicos, ¿qué garantías quedan para el resto de la agenda?

El ministro de Economía queda particularmente mal parado por decisiones que deterioran el clima de negocios y por una comunicación errática, defensiva e incapaz de ofrecer una explicación consistente. Pero el principal perjudicado es el presidente. Fue él quien formuló la promesa, fue su palabra la que se quebró y es su liderazgo el que paga el costo.

La caída abrupta en las encuestas no responde a conspiraciones internacionales ni a climas mediáticos adversos. Responde a una realidad simple: se engañó a los uruguayos descaradamente. La credibilidad se gana de a poco y se pierde muy rápido. Cuando se pierde tan temprano y tan repetidamente el daño suele ser profundo y duradero. Gobernar implica decidir, pero también honrar la palabra empeñada. Sin eso, todo lo demás se vuelve irrelevante. Si los cinco golpes asestados a los uruguayos son en sí un problema, el daño reputacional que se le produce a la política por parte de los propios políticos al reírse en la cara del electorado que acaba de elegirlos es mucho más preocupante aún. Los atajos discusivos para intentar explicar lo inexplicable pueden servir para salir del paso pero a la larga debilitan la institucionalidad y agrandan la desconfianza. Si el gobierno pretende pedir “comprensión”, primero debe ofrecer verdad porque el problema ya no es solo económico es moral y político.

La confianza se gana con verdad y se pierde con engaños, una lección que el gobierno está experimentando por despreciar la inteligencia de los uruguayos.