La Huella de Cosse

Esta semana, en la encuesta de Cifra llama la atención el alto puntaje de aprobación (59%) de la actual titular de la Intendencia Montevideo, ex Presidente de Antel en el previo gobierno de Tabaré Vázquez.

Se podrá decir que el estudio se refiere solo a lo que va de su gestión capitalina y a nada más. ¿Pero es posible evaluar a quien ejerce en estos meses una función pública, sin tener en cuenta también otros parámetros? Como ser, su desempeño previo en otra responsabilidad de gobierno. Su actuación en Antel.

Y cuando abunda información comprometedora alrededor de la construcción del Antel Arena, una obra faraónica que hace ruido por todas partes. En primer lugar, por no encontrarse dentro de los cometidos de la empresa estatal. En segundo, por la forma en que se llevó a cabo tamaña obra; el 88,6% de las compras, por un total de US$ 96,1 millones se hizo por medio de compra directa y compra directa por excepción, de acuerdo al estudio de la auditoría independiente Ecovis del 2020.

A través del informe entregado el 22 de ese mes quedó constancia explícita de cuanto les costó a los uruguayos esa construcción: US$ 118,065 millones. Una cifra muy superior a los US$ 40 millones de los que hablaba Cosse al anunciar el megaestadio, bautizado como Antel Arena. Demás está decir, que estas formas no aportaban en absoluto a la transparencia. El estudio determinó además que las obligaciones pendientes de pago ascienden a unos US$ 47 millones. Inclusive más que aquellos famosos US$ millones meneados por Cosse para costear su fantasía. Aparte de que las ganancias que la ex Presidente anunciaba no son tales y es fuente de pérdidas.

Tan fuera de la misión de Antel era este invento que se dio la gran ironía. La ferviente estatista que nunca permitió a las empresas cableoperadoras nacionales la transmisión de datos por su propia red, dándole así el monopolio a Antel como proveedor de banda ancha fija, terminó privatizando la administración del Antel Arena. Tan fuera del métier de Antel era esta propuesta, que tuvo que contratar a una empresa privada y al gerenciador no le supone riesgo alguno. Antel sostiene todo el financiamiento mientras le pasa un monto trimestralmente en lo que viene a ser una curiosa “huida del derecho administrativo”, al decir de su actual presidente, Gabriel Gurméndez. Se trata de una empresa privada que recibe los bienes y servicios del Estado, aunque este no tiene ninguna injerencia ni puede imponer cierta formalidad.

Fue un proyecto parcial ya que no contempló el aspecto financiero. De haber existido este, el Gerente General de Antel en ese período habría tenido acceso al mismo. Y tampoco lo tuvo la consultora contratada para apoyar en tareas de revisión del proyecto ni tampoco se les brindó esa información a las nuevas autoridades. Y aquí aparece otra perla de este collar enhebrado por la Ing. Cosse. Durante los casi 8 años que demandó la construcción, aparte de la súbita implosión del Cilindro Municipal, la auditoría interna de Antel no llevó adelante ningún trabajo de inspección. Solo después de las elecciones del 2019, cuando triunfó el presente gobierno, se realizó una auditoría de alcance limitado y resultó que la funcionaria a cargo de la División Auditoría Interna durante el período de ejecución del Arena, al ser revocada dicha asignación de tareas, pasó a desempeñarse en la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo, al mando de Carolina. Es entendible entonces, que las actuales autoridades hayan optado por convocar una auditoría externa.

Si hay algo que la gente debería tener presente al momento de calificar a un político que ha manejado dineros públicos, es con qué seriedad ha actuado. Evaluar si ha sabido cuidar los gastos e invertir adecuadamente, o si por el contrario, el despilfarro del dinero ajeno ha sido la tónica. Tal como en este caso donde se han malgastado sumas millonarias en dólares. Porque no será fácil recuperar el dinero metido en un proyecto que no da buenos resultados económicos. Si frente a una concesión hay plazos para obtener un retorno económico, y desde el comienzo se desvía la inversión pensada, tres veces más, no hay vuelta que darle.

Tampoco es de recibo, que la actual Intendente defienda su accionar apoyándose en el visto bueno de un documento del año 2013 del difunto Alberto Pérez Pérez, ex Director del Instituto de Derecho Constitucional y conocido militante frentista, que carece del aval de los demás miembros del Instituto de la Facultad de Derecho que no lo reconoce. Ahora es tiempo de ver qué sucede en la Justicia y en la Jutep.