La cuenta la paga el de siempre

El Congreso de Intendentes aprobó el viernes un convenio macro, que según el gobierno implicaría comprarle portland, lubricantes y combustibles a Ancap. Si bien hay intendentes nacionalistas que han desmentido el asutno, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, lo celebró como una “excelente noticia” y el fruto de meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización. Conviene mirar con cuidado qué se está celebrando, porque detrás del anuncio hay una operación contable que no resuelve nada sustantivo y que, en el mejor de los casos, redistribuye pérdidas entre distintos bolsillos del Estado. En el peor, las disimula ante la opinión pública mientras la hemorragia sigue su curso.

Ancap pierde dinero produciendo portland hace al menos dos décadas. Las estimaciones varían según la metodología y el año, pero ninguna es alentadora: la operación le cuesta al Estado uruguayo en el orden de veinte millones de dólares por año. El mercado regional ofrece cemento importado a precios que Ancap no puede igualar. La instalación no es competitiva y no lo será mientras se mantenga la estructura de costos actual. Eso no es una opinión ideológica, es mera y simple aritmética.

Lo que propone el acuerdo con el Congreso de Intendentes es, en esencia, requerirles a los diecinueve gobiernos departamentales que le compren el portland a Ancap aunque puedan conseguirlo más barato en otro lado. El resultado predecible es que el balance de Ancap mejore, en la misma exacta cuantía en que empeorará el de las intendencias, porque estarán pagando un sobreprecio por un insumo que podrían adquirir a menor costo. Y como tanto Ancap como las intendencias se financian con dinero público, el resultado neto para el contribuyente es cero en el mejor de los casos y negativo si se suman los costos de coordinación y la distorsión en las decisiones de compra departamentales. No hay creación de valor: solo un movimiento de papeles entre líneas del presupuesto público.

La operación tiene un nombre claro: es un engañapichanga. Una simple operación de maquillaje contable de una empresa estatal deficitaria transfiriendo el costo a otro organismo del Estado, sin que cambie nada sustancial en la economía real. Ancap seguirá produciendo cemento a pérdida; las intendencias pagarán más de lo necesario por sus insumos; y los uruguayos financiarán la diferencia sin advertirlo, diluida en tarifas, tributos y otros impuestos. La única función real del acuerdo es cosmética.

Detrás de la resistencia a cerrar la producción de pórtland no hay razones técnicas ni económicas que se sostengan. Hay intereses corporativos: los de los trabajadores de la planta de Ancap y los de la estructura sindical que los representan. Son intereses perfectamente legítimos, pero insuficientes como argumento para perpetuar una pérdida millonaria anual a cargo de toda la sociedad uruguaya. El país no puede darse el lujo de mantener indefinidamente una planta de cemento inviable para evitar una reestructura laboral que, bien gestionada con las herramientas que el Estado tiene disponibles, tiene soluciones. El costo de no decidir se acumula año tras año, y no lo pagan los directores de Ancap ni los funcionarios del ministerio ni los intendentes, lo pagan todos los uruguayos.

Declaraciones como las del intendente de Paysandú defendiendo el acuerdo y declarando alegremente que su intendencia pague el portland más caro sólo puede explicarse porque el dinero que malgasta es el de los sanduceros y no el que sale de su bolsillo. De hecho, todos los intendentes que aceptaron este acuerdo están traicionando a sus representados para que el gobierno nacional muestre mejores resultados contables de nulo beneficio para los uruguayos. Algo muy difícil de entender, en definitiva, al menos dentro de los cánones del pensamiento racional.

La ministra Cardona tiene razón en una cosa: cuando se trabaja por Uruguay, las cosas ocurren. El problema es que este acuerdo no trabaja por Uruguay. Trabaja para que el problema estructural de Ancap no aparezca en los titulares. La decisión que realmente favorecería al país es más difícil y más honesta: cerrar de una vez la producción de portland, gestionar la transición laboral con criterio y transparencia, y dejar de financiar con dinero público una actividad que el mercado ya resolvió mejor y más barato. Seguir por el camino del engañapichanga -mejorando balances en una ventanilla a costa de empeorarlos en otra- no es gestión pública, es patear el problema para que lo resuelva el próximo gobierno.