La caja y los eléctricos

En las últimas semanas ha generado fuerte polémica la decisión del gobierno de subir los impuestos a los coches eléctricos. Una decisión con un importante componente ideológico, ya que estriba en un tratamiento diferencial, gravando de forma más significativa los modelos más caros.

Como suele suceder cuando se apela a este tipo de decisión, y de fundamento tan miope, las consecuencias serán justamente las contrarias a las que se buscan.

Primero que nada, para Uruguay es una decisión inteligente la apuesta a ir modificando el parque automotor en beneficio de los coches eléctricos. ¿Por qué? Porque el país no tiene petróleo, y depende para esto de importaciones millonarias, que se llevan buena parte de las divisas que se generan por otras cosas.

Y, como contrapartida, el país posee una generación de energía eléctrica propia y por vías renovables, que le permitiría sostener este tipo de movilidad con lo que aquí mismo se produce de manera genuina.

Por ese lado, todo cierra.

En segundo lugar, con esta renovación de la flota automotriz que se viene produciendo hace algunos años, el país está logrando dos cosas muy positivas, a un precio de renuncia fiscal más que razonable. Se logra modernizar y dotar de mayor seguridad a ese parque automotor. Algo muy importante teniendo en cuenta que el país tiene una tasa de siniestralidad en el tránsito altísima, y que en muchos casos está asociada a vehículos viejos, o que no tienen las medidas de seguridad más eficientes y actuales.

Pero, además, la venta de vehículos dinamiza la economía, y “derrama” riqueza en muchos otros sectores, desde los logísticos hasta los financieros. A lo que hay que sumar algo más emocional, que es que mucha gente que antes no podía económicamente acceder a un vehículo nuevo, con las posibilidades de ahorro que ofrece el eléctrico, y las financiaciones favorables que ofrece el mercado, ahora sí lo está logrando.

Todo esto queda afectado por la decisión que toma el gobierno. Y que no es el fruto de un estudio metódico, de una planificación cerebral de lo que es mejor para el país o para sus ciudadanos. Sino por la desesperación de lograr tapar los agujeros que tiene en la caja, un gobierno que llegó prometiendo el oro y el moro, y se encuentra con una realidad que no permite gastos como los que acostumbra hacer la izquierda.

Esa izquierda que incluso en el año 2026, sigue creyendo que el estado es una barril sin fondo, y que siempre se puede gastar y recaudar más.

El complejo ideológico que está detrás de esta medida miope, queda a la vista además con algunas declaraciones recientes de la asociación que nuclea a los vendedores de autos. Y que explican que se le hizo al gobierno una contrapropuesta que generaba menos distorsión en el mercado, y que incluso le permitía recaudar más. Que era un impuesto igual y fijo para todas las categorías.

Pero como el gobierno quiere mostrarse como una especie de Robin Hood, que saca a los que supuestamente tienen más, prefirió no hacer caso.

Pero en las declaraciones de la asociación de vendedores de autos ha quedado en evidencia otro problema de esta medida. Y es que para tomar el valor de los coches eléctricos a la hora de su gravamen con Imesi, se tomará en cuenta uno que incluye todos los costos logísticos, que están por fuera de la capacidad de manejo del importador local.

Por lo cual ese límite ficticio que se impone, a partir del cual se encarece de forma drástica la compra del eléctrico, dependerá de cosas tan impredecibles como la guerra en Irán, o los conflictos eternos en el puerto de Montevideo.

A poco que se estudia, parece claro que estamos ante una decisión negativa para el interés general, tomada con anteojeras ideológicas, y destinada a tapar un agujero fiscal, sin pensar en el futuro del país.

Esto, mientras que el estado pierde por cosas tan absurdas como los déficit en el Correo o en el Pórtland de Ancap, cientos de millones más que los que va a recaudar con esta alza tributaria tan regresiva.

Claro que cuando se le plantea al ministro de Economía cosas tan simples como esta, su respuesta es tan implacable como infantil. “Este gobierno no llegó con la misión de bajar los gastos del estado”. O sea que no importa qué tan ridículo sea el costo del mismo, o las consecuencias que tenga que pagar la sociedad para mantener gastos improductivos y delirantes, estará prohibido revisar nada en materia de costos.

Esto, entre otras cosas, explica los datos de apoyo popular al actual gobierno.