Insultan la inteligencia de la gente

Defender la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el concepto de equilibrios y controles no es tarea fácil. Siempre están aquellos que quieren horadarla y desprestigiarla y luego eliminarla.

Antes se hacía a través de derrocamientos militares, ahora a través de un sutil trabajo hecho desde adentro mismo de las instituciones.

Una forma de hacerlo es atacando al Poder Judicial. Se cuestiona su idoneidad, su independencia, su necesidad de existir. Algunos gobernantes en América Latina han lanzado un ataque sistemático al sistema judicial de sus países, para de ese modo salir indemnes de las acusaciones que se le hacen.

Eso está pasando en Argentina.

Hay quienes logran su cometido, cooptan al Poder Judicial y colocan a personas “leales” en la Suprema Corte de Justicia o en los organismos equivalentes. Eso, por ejemplo, logró el chavismo.

Otra cosa que le hace enorme daño a la democracia, es la corrupción. Si ella pasa sin ser cuestionada o sancionada, un Estado de Derecho pierde credibilidad. Eso también está pasando en Argentina.

No es bueno que un país al que queremos y necesitamos, viva esta profunda crisis democrática, en medio de una complicada realidad económica. Cuando desde tiendas políticas uruguayas se emiten mensajes sobre esa realidad, no solo se evalúa lo que pasa allá, sino que se da una señal de lo que debería pasar acá en una situación similar.

Eso parecen decir los diputados frentistas que, junto con legisladores de países vecinos en el Parlasur, emitieron una declaración que desnuda su débil valoración de la democracia en los dos puntos mencionados más arriba: el respeto a la independencia judicial y la vigilancia a la corrupción.

Siete legisladores del Frente Amplio firmaron una declaración que denuncia la “persecución mediática y judicial” contra Cristina Kirchner. Para ellos, lo que diga un fiscal o lo que eventualmente sentencie un juez no tiene valor, porque entienden que “la derecha ha insistido en utilizar a fiscales y jueces como parte de una operativa de lawfare para desgastar a los gobiernos populares y sus referentes en América Latina”.

Al parecer, los jueces y fiscales son tontos que se dejan usar por “la derecha”. Lo que los demás mortales hemos visto como escandalosa corrupción en Argentina, es un invento de un ente conspirador y perverso llamado “la derecha”. La expresidenta y ahora vicepresidenta (que afronta un pedido de condena de un fiscal federal de 12 años de prisión), es un ángel impoluto que nunca cometió una sola de las tantas irregularidades que se le adjudican. Para ellos, en Argentina no hubo la inaudita megacorrupción que todos vimos.

El texto firmado por los senadores Daniel Caggiani y Amanda Della Ventura y los diputados Nicolás Viera, Bettiana Díaz, Ubaldo Aita, Lucía Etcheverry y Nelson Larzábal es un insulto a la inteligencia de la gente.

Pero además, es un desprecio al funcionamiento institucional de una democracia que garantiza (o al menos intenta hacerlo) que no haya abuso de poder ni enriquecimiento ilícito a costa de los impuestos que paga la gente.

Los diputados cuestionan los dos aspectos que hacen posible conocer lo que de otro modo nunca se sabría.

Por un lado, la investigación realizada por los periodistas. El saludable resultado de la libertad de prensa, para ellos es “una persecución mediática”.

Sostener eso es gravísimo: pone en cuestión la imprescindible tarea que cumple la prensa que es la de poner sobre la mesa lo que otros quieren ocultar.

Por otro lado, está lo que llaman “persecución judicial” que no es más que el trabajo lógico, y muchas veces hecho con exasperante lentitud, de una Justicia independiente que funciona como pilar básico de la democracia.

A esto los diputados llaman “lawfare” y consideran que es parte de una conspiración “para desgastar a los gobiernos populares”. El problema no son los medios, ni los fiscales, ni los jueces sino justamente estos gobiernos presuntamente “populares” que cayeron (y no solo en Argentina) en una corrupción descarada.

Alarma que estos diputados y senadores uruguayos avalen mediante ese comunicado todo aquello que va contra la democracia. Están diciendo que les importa un bledo la libertad de prensa y el rol que juega el periodismo y están cuestionando el funcionamiento de al menos uno de los tres poderes propios de un Estado de Derecho.

En otras palabras, están cuestionando la democracia republicana y liberal. La nuestra.