Ferrero y la fábrica de humo

Mientras todo el Uruguay sigue esperando que alumbre el mítico plan de seguridad que viene prometiendo el ministro Carlos Negro desde hace un año, otro episodio se robó los titulares de la prensa. Hablamos de la información, transmitida por fuentes del cerno de la Torre Ejecutiva, de que se avanzaba con un plan para designar un nuevo fiscal general, en reemplazo de la Dra. Mónica Ferrero, quien sería designada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La noticia intentó ser desmentida por un operador político del Frente Amplio y una serie de empresas con intereses en áreas estratégicas del estado, pero al final nada quedó demasiado claro.

Eso sí, rápidamente todas las fuerzas de la oposición han manifestado su rechazo a este enésimo intento por sacar a Ferrero del cargo que viene desarrollando con enorme eficiencia y dignidad, a diferencia de sus predecesores inmediatos, que en algunos casos permitieron, y en otros directamente hicieron posible, que esa oficina clave para el manejo de la justicia penal en el país, se convirtiera en un club político. Y donde se manejaba la información privada de los ciudadanos, con criterios de absoluta conveniencia partidista.

Esto es clave, porque para poder designar a un nuevo fiscal general, el gobierno requiere los votos de al menos dos senadores de la oposición. Y pese a que desde la propia Torre Ejecutiva se ha filtrado una y otra vez que el senador Bordaberry y algún otro legislador colorado podrían acompañar esta medida, el propio dirigente de Vamos Uruguay ha salido públicamente a desmentir con vehemencia esa posibilidad.

El episodio plantea al menos dos temas centrales para la política actual en Uruguay, y que cada día resultan más llamativos.

El primero es la obsesión que existe en el gobierno, y en especial en el ex fiscal y hoy pro secretario de Presidencia, Jorge Díaz, por sacar a Ferrero de su cargo.

Desde que la propia funcionaria ocupó ese cargo, tras la salida por motivos de salud del Dr. Juan Gómez, ha debido enfrentar una permanente campaña de Díaz y su equipo de operaciones mediáticas, para removerla de su posición.

Resulta admirable que alguien con tanto trabajo, tantas funciones que abarcar desde su cargo actual, disponga de tiempo y energías para esta campaña permanente. Algo que más que una campaña, a esta altura parece una obsesión.

Lo que queda claro, es que no hay motivos técnicos o de funcionamiento para semejante “manija”. Desde la llegada de Ferrero, se han terminado como por arte de magia las filtraciones de información reservada, que siempre se usaban para fomentar campañas que beneficiaban al mismo partido y empresas.

Por otra parte, ya no se oye el permanente reclamo de peleas internas en Fiscalía, y hace meses que no se escucha a la siempre vocal dirigencia del gremio de fiscales.

Tampoco se sigue permitiendo que la Fiscalía se convierta en el furgón de cola de la estrategia política de un partido como ocurrió, por ejemplo, con el caso del intendente Besozzi. El reciente dictamen fiscal sobreseyendo a Besozzi, desnudó una estrategia que pretendió sacarlo de la carrera electoral en la recta final de la campaña, apelando a pruebas inexistentes. Y, lo más grave, por una fiscal que era una “barrabrava” del Frente Amplio, protegida y promovida por un ex jerarca de la Fiscalía.

Se ve que este clima de seriedad y profesionalismo en esa oficina, no cae bien en ciertos círculos, que se beneficiaron de manera notoria, del caos que era la Fiscalía antes.

El segundo elemento que esta versión pone sobre la mesa, es la tendencia de ciertas figuras opacas de este gobierno, por realizar operaciones de distracción de la opinión pública, en momentos en que el clima político se muestra contrario al gobierno. Algo similar ocurrió hace unos meses cuando en medio de una seria crisis interna en el Frente Amplio, se lanzó toda la pantomima del caso Cardama. A costa del riesgo de perder cientos de millones del erario público, se logró que la sociedad hablara sólo de las lanchas durante semanas.

Ahora, en plena seguidilla de encuestas que muestran una caída sostenida del apoyo al gobierno, aparece esta nueva bomba de humo, que claramente no tiene sustento en la realidad. Esta vez no afectando el patrimonio de los uruguayos como con Cardama, pero si la credibilidad de una figura clave del sistema de Justicia. Alguien en el gobierno debería poner orden, ajustar prioridades y, sobre todo, ponerse a trabajar en los temas que realmente preocupan a la gente.