El coronavirus, con todo su miedo y publicidad a cuestas, lleva 22 muertos en algo más de 70 días en el Uruguay. Solo el módulo 11 del Comcar lleva 5 muertos en lo que va del mes de mayo.

La comparación es efectista, y si se quiere inconducente. Pero sirve para dar visibilidad a otra epidemia que sigue matando gente sin tregua: la de la violencia en las cárceles del Uruguay.

La situación inhumana en la que viven la mayoría de las personas privadas de libertad en nuestro país no es nueva. Ya en 2009, el entonces relator de las Naciones Unidas, Manfred Novak, calificó a las cárceles uruguayas como inhumanas y las comparó con las de países africanos. Dos años más tarde, el también relator de ese organismo, Rodrigo Escobar Gil, manifestaba su sorpresa por el hecho de que el Estado uruguayo mantenía a seres humanos encerrados en “cloacas”. En ese momento, el sistema penitenciario estaba a punto de explotar por el hacinamiento y las malas condiciones.

Once años después, la situación no ha mejorado en nada. El propio ministro Larrañaga lo ratificaba durante un acto en Salto, en el cual afirmaba que “tenemos una complejísima situación carcelaria. La población de personas privadas de libertad supera las 12.000 en todo el país”. Una superpoblación que hace imposible cualquier política de reinserción.

De hecho, incluso en el establecimiento que se construyó como modelo de cómo deberían funcionar las cárceles en este país, el llamado penal de Punta de Rieles, tampoco las cosas han marchado bien. Este centro, abierto en 2010 con 600 plazas, acaba de perder a su director Luis Parodi, un ex militante tupamaro de los años 60, que presentó renuncia en medio de todo tipo de rumores. Pese a lo cual, se ha negado a hacer comentarios al respecto. El comisionado de Cárceles, Miguel Petit lo ha calificado como “un director extraordinario, un educador como pocos en el país y que ha dado una cantidad de enseñanzas, pautas y trabajo con las personas”. Cabe preguntar, ¿por qué se va entonces?

Lo que queda claro es que pasados los 15 años de era frenteamplista, en los cuales hubo recursos económicos, y hasta sensibilidad con el tema, ya que muchos de esos gobernantes pasaron bastantes años presos antes y durante la dictadura, el panorama sigue siendo asustador.

En muchas de las cárceles del país no hay ningún tipo de control, más allá de la vigilancia perimetral. Los propios presos marcan las reglas de convivencia, y lo que existe allí es un caos donde reina el consumo de drogas, la extorsión, donde el alimento no es suficiente, y ni siquiera hay provisiones adecuadas de medicamentos. ¿Cómo se puede explicar que suceda eso en un país que siempre ha tenido los derechos humanos como eje central de su preocupación social?

Y la situación solo tenderá a empeorar. El auge de la delincuencia que padece hoy el país, que no es ajeno a la situación de estas cárceles que funcionan como posgrados en crueldad y delito, inevitablemente llevará a aumentar el número de personas privadas de libertad. Particularmente si se aplican las disposiciones incluidas en la Ley de Urgencia. Es claro que esto es un reclamo social ineludible para el gobierno. Pero de la misma manera debe ser ineludible para la sociedad el convencimiento de que no se puede tener a un número tan grande de compatriotas viviendo en las condiciones que se viven en la mayoría de las cárceles uruguayas.

Parece poco realista plantear en momentos de estrechez financiera como el actual, la necesidad de construir más cárceles o de invertir en mejores condiciones de vida en las mismas. Pero no parece haber otra alternativa ante el panorama que se vive hoy.

Los dos extremos en la visión del problema son absurdos. Tanto quienes creen que los delincuentes son víctimas de un sistema injusto, y que deberían ser abordados con políticas puramente reeducativas, como quienes piensan que las cárceles son depósitos humanos que no merecen mayor inquietud. Las cárceles fueron y serán siempre, no solo instrumentos de reinserción social, sino también una forma de castigo que bus-ca disuadir a los delincuentes de cometer ciertas acciones. Pero no pueden ser nunca un agujero negro donde no se respeten los más básicos derechos humanos.

No solo porque la convivencia con ese crimen envilece a toda la sociedad, sino porque es una bomba de tiempo que eventualmente explotará en la cara de todos los uruguayos. De hecho, las cifras de delito con las que convivimos hace años, son una muestra de que ya está explotando.