En peligro

En estas últimas semanas se ha hablado de un proyecto de ley a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, cuyo objetivo consistiría en resolver el delicado problema de la ocupación ilícita de inmuebles. En la superficie, ese planteo se origina en casos recientes de invasión de casas o predios por usurpadores, uno de ellos ocurrido notoriamente el año pasado en un chalet de Punta del Este (calles 18 y 28) que tuvo amplia cobertura en los medios de comunicación. El episodio culminó con una exigencia de los ocupantes de que se les pagaran 2.000 dólares a cada uno para desalojar la propiedad. Pero en el fondo, la inquietud se vincula con elementos de juicio más profundos, como la indispensable defensa del derecho de propiedad en un sistema de convivencia regido por el orden jurídico, siempre que dicho sistema no quiera desbarrancarse directamente en la anarquía.

El riesgo de todo este planteamiento es el aspecto social que toca, el de la carencia de vivienda que empuja a ciertos individuos o grupos a convertirse en intrusos invadiendo una propiedad ajena para procurarse el techo que les falta. Allí se presenta el extremo de la necesidad, aunque sería difícil legitimar la situación de esos ocupantes con el pretexto de su desamparo, si sus actos vulneran los derechos del propietario legítimo, le impiden el gozo de sus bienes y violentan el imperio de la ley. El problema de los desvalidos es un grave asunto social que debería no sólo afligir a las autoridades, sino imponerles la urgente implementación de planes capaces de superar la situación de gente en estado de intemperie y proveer a esos sectores la vivienda que les acredita el texto constitucional.

Pero ese reclamo no es una excusa para tolerar que se usurpe la propiedad de particulares invocando, como lo hacen ciertas opiniones periodísticas, la penuria de los ocupantes. Porque con ello se busca anteponer el apremio de los excluidos a la validez de los títulos en regla de quien posee el inmueble, y porque además en ese caso el Estado estaría renunciando a sus obligaciones para cargárselas a los propietarios afectados y pervertir así todo el funcionamiento legal. Para remediar ese dilema y viabilizar los trámites del caso, el Parlamento estudia una reforma del Código Penal por la que cualquier persona podría en el futuro denunciar un delito de usurpación, sin necesidad de que sea el propietario de la finca quien lo formule, como ocurre ahora. De paso, el proyecto también propone eliminar el plazo de 24 horas que rige actualmente para notificar una ocupación a los intrusos.

La actividad legislativa en torno al tema se ha dinamizado por los riesgos que surgen especialmente en Maldonado, cuya zona turística está llena de casas de veraneo que permanecen desocupadas durante largos meses del año. Si llegaran a multiplicarse los casos de ocupación ilegal que se han registrado últimamente, el descalabro de toda esa zona generaría una situación difícil de predecir y enfrentaría a las autoridades judiciales, municipales y policiales con un panorama que ya no configuraría una crisis sino una catástrofe.

Para tener idea de la etapa que se vive al respecto, conviene saber que el Banco Hipotecario del Uruguay ha reconocido que tiene 283 viviendas ocupadas ilegalmente. Y como síntoma de las perplejidades que provoca el problema, la presidenta de la Asociación de Magistrados declaró recientemente que las sanciones previstas para el delito de usurpación "no parecen ser un asunto de urgencia", agregó más adelante que "no necesariamente hay que favorecer a quien denuncia" y concluyó por último que "si alguien piensa que legislar y sancionar delitos hace que la gente deje de cometerlos, debería informársele que no es así".

Otro peligro consiste en el malentendido que pueden provocar esas palabras y el riesgo de que alguien las interprete vidriosamente, razonando que es inútil legislar o sancionar porque de todas maneras la gente seguirá usurpando. De hecho, parece válida la suposición contraria: legislar y sancionar debe servir para establecer precedentes que permitan combatir la ilegalidad, como lo requiere toda sociedad organizada, de manera tal que las fincas (y las ideas) estén en las manos que corresponde.