El SUCIVE, los zorros y las gallinas

Por estas fechas, los uruguayos tan privilegiados como para tener un auto propio, sienten en carne propia dos cosas muy reveladoras: la sed insaciable de dinero que tiene el estado, y lo que pasa cuando ese estado puede pescar en la piscina de una sociedad anestesiada.

De lo que hablamos, como cualquiera a esta altura se imaginará, es del pago de la patente anual, que ahora se canaliza a través del llamado SUCIVE. Un paseo por las redes sociales, o un oído atento a las conversaciones en bares y clubes, esos lugares donde todavía se practica el anacrónico hábito de la interacción humana en vivo, permite percibir la molestia de muchos compatriotas por el costo absurdo que deben pagar por la patente.

La respuesta inmediata ante este reclamo, en especial de parte de ese núcleo exageradamente grande de compatriotas tomados por el resentimiento o la culpa “de clase”, a decir de los marxistas, es que si uno tiene coche propio es un privilegiado. Seguramente parte de “los ricos” de este país, y por tanto no tiene derecho a quejarse, ya que claramente le va bien. Y donde se descuide, lo culpan de que a otros no les vaya igual.

Bueno, como sucede con muchas otras cosas, los números desmienten la exclusividad de ese privilegio. Se calcula que en Uruguay hay 1.4 millones de vehículos privados circulando, esto sin contar las motos, por lo cual se ve que vivimos en un país plagado de privilegiados.

Pero dejemos de lado estas consideraciones sectarias, y vayamos a algo más profundo.

Lo primero que llama la atención sobre el SUCIVE o la patente de rodados, es el costo absurdo que la misma representa para los propietarios de vehículos. En los coches nuevos, se estima en un 5% del costo total del vehículo, excluyendo el IVA, lo cual es una tasa completamente exagerada y ridícula, para un gravamen que se supone debería estar destinado a sostener las calles y rutas que usan quienes disponen de un vehículo propio. Curiosamente, quienes desarrollan tareas profesionales o de transporte público, o sea que ganan dinero con el uso de esas vías comunes, suelen tener regímenes preferenciales.

En el caso de los coches usados, el sistema todavía es más entreverado. El criterio varía según el año y el tipo de empadronamiento. Algunos modelos antiguos -anteriores a 1992- cuentan con valores fijos establecidos, mientras que para la gran mayoría de los usados el cálculo se realiza aplicando un 4,5% sobre el llamado “valor de aforo”.

El valor de aforo no es lo mismo que el precio de mercado. Se trata de un valor de referencia técnico que se utiliza como base para cálculos tributarios. Ese monto es determinado a partir de parámetros como el precio original, la antigüedad y la depreciación. Sobre ese monto es que se aplica el 4,5%, aunque a ese cálculo se le suman otras variables como la inflación acumulada, el valor del dólar y la pérdida de valor del vehículo.

Como se ve, se trata de un criterio muy subjetivo, discutible, y que termina generando cosas como que algunos autos usados deban pagar más de patente de un año al otro, aunque su valor de mercado haya caído.

Tan absurdo es todo esto que el economista Javier de Haedo, con la agudeza que lo caracteriza, ha sugerido por estos días que el estado debería comprometerse a comprar todo vehículo por el monto de valor de aforo. Una manera de dejar en evidencia que ese valor no tiene ningún nexo con el verdadero costo de coche, sino que es una forma mal disimulada de recaudar. Todavía más.

Y acá ingresamos en el último tema de esta polémica. Porque durante años la sociedad uruguaya fue convencida que era un absurdo que el país tuviera 19 regímenes distintos de patente de rodados, y que la unificación en un valor único era un paso civilizatorio ineludible. Era como pasar de ser Ruanda a Suiza.

Lo único que hizo eso fue juntar a los zorros, y darles la llave del gallinero. Antes las intendencias competían entre si para lograr que más vehículos fueran patentados en sus departamentos, y para ello ofrecían condiciones más ventajosas, que beneficiaban al usuario. Ahora, estamos todos esclavos de lo que digan cuanto burócratas, siempre desesperados por más plata para sus gastos superfluos.

Otro ejemplo de cómo el estado avanza sobre los derechos de los individuos, siempre disfrazado de intenciones puras y sanas, en beneficio del común. Pero logrando que algo tan imprescindible para el confort y el desarrollo personal, se convierta en un lujo. Y generando una burocracia ineficiente que vive de explotar a la persona.