El segundo ajuste

El Presupuesto recientemente aprobado, incluía -como reconoció el propio Gabriel Oddone- un ajuste fiscal. En la línea habitual de los gobiernos del Frente Amplio se aumentaban y creaban impuestos. A pesar de que hace algunos días el ministro decía que esto era suficiente hoy ya sabemos que no: comenzó a desplegarse un segundo ajuste, más doméstico, peor diseñado y apoyado en aumentos de tarifas públicas desmedidos y expropiaciones de las devoluciones del Fonasa.

El antecedente es evidente, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, allí las cuentas públicas se complicaron. Cuando fue evidente que la famosa “consolidación fiscal” no alcanzó, el gobierno echó mano a todo tipo de artilugios para incrementar la recaudación. Los sobreprecios a los combustibles superaron los USD 1.800 millones y se convirtieron en el emblema de esa estrategia. A eso se sumaron ajustes reales en el precio de la energía eléctrica y cambios en el régimen de liquidación de la renta empresarial, entre otras medidas que completaron aquel segundo ajuste.

Lo novedoso del ciclo actual no es el mecanismo, sino el momento: este segundo ajuste, llega demasiado pronto. Con apenas diez meses de gestión, el gobierno asume en silencio que no alcanza con lo previsto. No sorprende si se recuerda que el presupuesto se construyó sobre supuestos de crecimiento (2,6%), que siempre lucieron optimistas pero, que la desaceleración del PIB ya mostró inviables. El crecimiento efectivo en 2025 y 2026 rondará el 2%.

¿Y qué propone el gobierno ante ese panorama? Por ahora, porque esto promete nuevos capítulos, un ajuste paralelo basado en recaudar a través de las tarifas públicas y en una apropiación parcial de las devoluciones del Fonasa. Esto último es lo más escandaloso: recortar devoluciones equivale, en los hechos, a subir impuestos sobre la clase media que ya cargan con una presión tributaria elevada.

En materia de tarifas, los casos de OSE y UTE son los más notorios. OSE anunció un aumento nominal cercano al doble de la inflación esperada para 2026, escudándose en “desequilibrios estructurales”. Nadie desconoce que la empresa arrastra problemas históricos, pero la magnitud del incremento real suena más a decisión recaudatoria que a corrección de costos. El capricho político de anular el contrato de Arazatí, firmado por la administración anterior y diseñado para dar una solución estable al abastecimiento de agua potable del área metropolitana terminará impactando en la tarifa que pagan los hogares.

¿Y cómo se explica el ajuste de UTE? Es una empresa financieramente sólida, aunque con tarifas altas en la comparación internacional. Durante el gobierno de Lacalle Pou, bajo el liderazgo de Silvia Emaldi, la tarifa eléctrica se ajustó sistemáticamente por debajo del IPC, permitiendo una caída real acumulada cercana al 13% en el precio de la electricidad. Fue un proceso gradual, pero casi inédito de revertir la manía de recaudar a través de la tarifa de luz. Ese proceso, aunque insuficiente para cerrar completamente la brecha, marcaba un camino lógico: presionar a la baja los ajustes nominales para exigir eficiencia interna, sin trasladar la factura al bolsillo ciudadano.

Esa lógica se interrumpió. Horas antes de Navidad, con el voto en contra del representante de la oposición Darío Castiglioni, el nuevo directorio de UTE aprobó un aumento superior al recomendado por sus propios servicios técnicos. Esto es muy poco habitual ya que las gerencias suelen “tirar para arriba” buscando la holgura financiera de la empresa en un mercado monopólico.

Esta voracidad recaudatoria se vuelve obscena cuando se ve el archivo de la ministra, Fernanda Cardona. Ella, como directora de la oposición en el quinquenio anterior, se indignó por todos y cada uno de los ajustes. En diciembre de 2022, tuiteaba que había que aplicar ajuste 0, en vez del moderadísimo 3,5% que proponía la coalición para 2023. En ese momento la inflación era de 6,5%. Hoy, sin que se le mueva un músculo, promueve un ajuste que sabe innecesario desde el punto de vista de la empresa. Ella sabe que esto no es otra cosa que cobrar más impuestos a través de la factura de luz.

Los hogares lo sentirán como lo que es: un ajuste fiscal. No importa el nombre que se use. Importa el resultado: más recaudación. El verdadero debate para el año que comienza no será cuánto se ajustó, sino por qué hubo que hacerlo otra vez y tan temprano. Porque a la ideología que les inhibe de discutir cualquier baja del gasto, se le suma la improvisación. Y ese es un costo que Uruguay ya conoce demasiado bien.