El problema que no se quiere ver

En las últimas semanas se ha desatado en el país un debate interesante sobre el tema de las políticas de asistencia social. Todo a partir de la propuesta incluida en la rendición de cuentas para eliminar las contrapartidas que se exigen a los beneficiarios de planes de apoyo, que no deberían ya demostrar que envían a sus hijos a la escuela, o que cumplen con la vacunación obligatoria. A esto se suma la idea de entregar esas ayudas en dinero, lo cual elimina la capacidad de control sobre el destino de estas ayudas por parte del estado.

Esta propuesta se defiende por parte del gobierno del Frente Amplio con el argumento de que la evidencia demostraría que estas exigencias no tienen un impacto real en la definición de prioridades por partes de las familias beneficiarias. Y que, por el contrario, implican trabas burocráticas que pueden limitar que estas familias accedan a los beneficios de estas ayudas.

Ambos argumentos se chocan con elementos que ya han sido abordados por columnistas de este diario en piezas anteriores. Básicamente, se cuestiona el impacto cultural general que tiene en una sociedad, que se entregue dinero a cambio de nada.

Y a su vez, el efecto negativo que tiene entre quienes pagan impuestos con enorme sacrificio, el ver que el gobierno de turno se siente con autoridad para de alguna forma regalarlo, sin exigir a cambio cosas que parecen naturales y obvias.

Pero más allá de estas posturas, otro artículo publicado en esta página el pasado viernes, incluso defendiendo la no exigencia de contraprestaciones para las ayudas sociales, ponía sobre la mesa el gran tema de fondo que nadie quiere tocar en Uruguay.

Hablamos de la columna del economista Agustín Iturralde, que señalaba que “lo común en nuestro país es que entre el presupuesto y el destinatario se interponga una estructura que se queda con la parte del león. El caso del Inisa es emblemático: dispone de unos 3.100 millones de pesos anuales para atender a unos 750 adolescentes. Son cerca de 9 mil dólares por mes por cada adolescente, con 82% del presupuesto destinado a remuneraciones. Nadie puede creer que los adolescentes estén recibiendo nada parecido a esa inversión”.

Si bien Iturralde aclara que este fenómeno no ocurre particularmente con las ayudas sociales que reparte el Mides, sí es un drama endémico que justificaría un análisis de fondo y prioritario de las políticas sociales que mantiene Uruguay.

Porque nuestra sociedad hace un esfuerzo mayúsculo para apoyar a los compatriotas que menos tienen. No hablamos aquí solo de los casi mil millones de dólares por año que destinamos particularmente al Ministerio de Desarrollo Social. Porque además de esto, cada intendencia tiene programas sociales propios, al igual que buena parte de las empresas públicas.

A esto hay que sumar todos los beneficios sociales que “corren” por el camino del Banco de Previsión Social, o los ministerios de Salud Pública, Educación, y hasta Defensa. No hay oficina pública en este país que no tenga ambición de apoyo social por algún lado, lo cual genera la duplicación de esfuerzos y gastos.

Con el agravante de que esto siempre termina generando estructuras de personal e inversión, que nunca se achican, sino todo lo contrario. Eso sin importar que se cada nuevo gobierno cree nuevos ministerios u oficinas especializadas en cuestiones de solidaridad social.

Por un lado, tenemos la tendencia natural de todo organismo a crecer y multiplicarse, cosa que sucede especialmente en los organismos públicos. Y, por otro, que cada dirigente político o burócrata que queda a cargo de una repartición estatal, tiene la tendencia a querer ostentar su solidaridad social. Eso sí, con el dinero del contribuyente.

Mientras nuestro sistema político debatirá con fiereza durante los próximos meses, la justicia o no de entregar unos miles de pesos más a familias necesitadas, es bueno preguntarse cuánto es lo que el estado nos extrae a los ciudadanos mes a mes con el cuento de la solidaridad y la contribución al bien común, pero queda en el camino. En los bolsillos de una estructura que no acepta control, ni restricciones, ni rendiciones de cuentas por parte de sus jefes.

En algún momento deberá llegar el tiempo de hacer un balance. Porque hay un límite a lo que la gente puede entregar, frente a las necesidades ilimitadas de un aparato burocrático que siempre exige más y más. Eso pese a que los resultados de muchas de las políticas que financiamos dejen cada vez más que desear.