El viernes pasado, en Guichón, el presidente Yamandú Orsi anunció que Argentina había retirado la denuncia penal contra el proyecto de HIF Global. Al día siguiente, la fiscalía federal argentina lo desmintió: la denuncia sigue en pie. El lunes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, debió admitir que hubo “una confusión”: lo que Argentina levantó fueron reclamos diplomáticos tras acordarse la relocalización de la planta, no la causa judicial.
El episodio sería una anécdota menor si no fuera un síntoma: en el expediente de la mayor inversión privada jamás propuesta en el Uruguay, el Presidente de la República habla con la misma liviandad que el gobierno maneja el tema.
Conviene recordar la magnitud de lo que está en juego.
Casi 6.000 millones de dólares, 1.400 empleos durante la construcción y 300 permanentes, en un departamento que los necesita y en un país cuya economía crece poco y genera menos trabajo del que precisa. Frente a semejante oportunidad, lo que el gobierno ha ofrecido hasta ahora es una sucesión de plazos vencidos y señales contradictorias.
El cierre del acuerdo previsto para el 30 de junio pasó sin novedades. El memorándum de entendimiento se prorrogó y sigue sin firmarse. Mientras el equipo económico empuja para concretar, el Ministerio de Industria multiplica las dudas.
Y la ministra Fernanda Cardona arrastra un problema adicional: como directora de UTE en el período pasado ejerció una oposición tan sistemática como poco constructiva a este tipo de proyectos, y hoy no tiene las manos libres para destrabar lo que ayer se dedicó a trabar.
El nudo de la negociación es el precio de la energía, y allí UTE tiene un argumento técnico atendible: abastecer una demanda de esta escala puede exigir respaldo térmico cuyo costo alguien debe pagar.
Pero UTE tiene también intereses propios, su caja, su estructura, su sindicato, que ya declaró el proyecto “inconveniente”, y nada garantiza que esos intereses coincidan con los del país.
Decidir si Uruguay quiere esta inversión, y a qué precio está dispuesto a facilitarla, no es una atribución de una empresa pública ni de su corporación: es una decisión de gobierno. Y no tomarla es también una forma de tomarla, la peor.
Porque la competencia no es hipotética.
Paraguay ofrece energía a 25 dólares el megavatio-hora, contra los más de 40 que se discuten aquí, aprobó una estrategia nacional de hidrógeno verde y ya firmó memorandos con varias multinacionales del sector.
Uruguay no puede ganar esa guerra de precios, y no debería intentarlo. Su ventaja comparativa fue siempre otra: reglas claras, seguridad jurídica, capacidad de decisión. Ese es exactamente el activo que el gobierno está dilapidando.
La empresa, por su parte, ya se encargó de que el mensaje llegara. En agosto se instaló públicamente, sin que nadie lo desmintiera, que HIF evalúa frenar su radicación en Uruguay y llevar el proyecto a otro país de la región si la negociación no se destraba pronto.
Después de más de dos años de conversaciones y negociaciones sin ningún tipo de acuerdo, sus directivos repiten que la brecha en el precio de la energía es el mayor riesgo de competitividad del proyecto.
Puede haber en todo esto algo de presión negociadora, desde luego. Pero un país serio no debería darse el lujo de comprobarlo: cuando un inversor empieza a mirar alternativas en voz alta, es porque ya empezó a irse.
Nadie exige al gobierno que firme cualquier cosa. Si tras un análisis serio concluye que las condiciones que pide la empresa son inconvenientes para el país, decir que no es una opción legítima, y deberá fundarla ante la ciudadanía.
Lo que no es admisible es el camino actual que estamos recorriendo: perder la inversión por goteo, sin decidir nada, entre ministerios que se contradicen, una empresa pública que juega su propio partido y un presidente que anuncia como resuelto lo que sigue abierto.
Las inversiones de este porte no se pierden el día que la empresa anuncia que se va; se pierden antes, en silencio, cuando el inversor concluye que no hay con quién negociar de manera constructiva.
Y la señal trasciende a HIF: si esto le ocurre al proyecto más grande de nuestra historia, ¿qué puede esperar cualquier otro inversor que mire al Uruguay?
En una economía estancada, esta inversión es oxígeno.