El gremio de Ancap decidió aplicar un plan de medidas sorpresivas y distorsivas en áreas centrales de la empresa, lo que puede afectar el área de abastecimiento de combustibles. Además, en alianza con el sindicato de la construcción, anuncian un plan de movilización que busca frenar la economía del país.
¿Por qué todo esto? Simplemente para obligar al gobierno a frenar el plan de reestructura del “negocio” del pórtland de la empresa.
Lo de negocio va entre comillas, porque esa unidad de la empresa estatal hace más de 20 años que pierde dinero. Apenas el año pasado, generó un rojo en las cuentas de la empresa de más de 30 millones de dólares. Y en las últimas dos décadas, ese agujero que se ha generado al país, roza los mil millones de dólares, a la cotización actual de la moneda.
Pocas cosas ilustra mejor el momento bisagra que vive el país en cuanto a su configuración económica, o explican de manera más acabada la forma extorsiva en que algunos sindicatos inciden en la vida y la economía nacional que lo que ocurre con el pórtland de Ancap.
Resulta que en estos 20 años, las distintas administraciones han intentado todas las formas posibles para terminar con esa ruina financiera. Se han hecho millonarias inversiones en equipamiento, se ha buscado una alianza con empresas privadas, se ha buscado racionalizar los gastos. Nada ha logrado equilibrar los números. Y es que hemos atravesado un “boom” tanto en la industria de la construcción, como en la inversión en infraestructura, como no se veía hace mucho tiempo.
Pero hay algo todavía más revelador. Al mismo tiempo que el portland de Ancap es un agujero sin fondo de dinero público, hay empresas de portland privadas de capitales locales trabajando en plaza, que son totalmente rentables. O sea que el problema no es el rubro, es la forma de trabajar en Ancap, lo que genera la sangría financiera.
Este gobierno, claramente aliado de los estamentos sindicales, se ha dado cuenta que eso no puede seguir. Que en momentos en que el estado necesita recursos de manera urgente para educación, salud, y combatir la creciente marginalidad social, tener esa herida abierta, perdiendo sangre económica año tras año, es insostenible.
Incluso es más grave que eso. Porque para tapar el agujero del portland, como otros productos de una mentalidad semejante de ese gremio, Uruguay paga los combustibles más caros del continente. Lo cual es una mochila impagable para la competitividad general del país, que nos cuesta millones a todos.
Pero incluso su planteo, tibio y contemplativo, es recibido con una declaración de guerra por parte del mundo sindical radicalizado.
Hay una cosa que estos sindicatos no terminan de entender. Vivimos en un país democrático, la gente vota y elige un gobierno, al que otorga legitimidad para tomar medidas que protejan su patrimonio y contemplen las necesidades de toda la sociedad. Sin embargo, un grupito de fanáticos ideológicos, se creen con derecho a lanzar una guerra económica al resto del país, para proteger un privilegio absurdo de un par de cientos de funcionarios. Que, además, no sólo no arriesgan perder sus trabajos, como ocurriría si estuvieran en el sector privado. Sino que tienen garantizado un esquema de trabajo, que los convierte en un sector injustamente privilegiado de la sociedad.
¿Con qué derecho el sindicato de Ancap pretende imponer al resto de los uruguayos seguir financiando su ineficiencia y privilegio? ¿Por qué un camionero de Tacuarembó, un pequeño empresario de construcción de Rocha, o un comerciante de Montevideo, deben pagar para sostener el “berretín” de un grupo de empleados públicos de mantener una unidad de producción a la que no consiguen hacer funcionar hace al menos 20 años?
La respuesta es que esto es el producto de la soberbia y el fanatismo ideológico de pequeños sectores de la sociedad, que están dispuestos a defender sus privilegios contra toda lógica, contra toda razón. Y que se atribuyen el derecho a extorsionar al país, con que si no se hace lo que ellos quieren, van a paralizar al país, y generar todavía más pérdidas al resto de los uruguayos.
Este gobierno, timorato y cómplice con ese estamento sindical, no va a hacer mucho para enfrentar a este poder paralelo que es un verdadero freno al desarrollo del país. Pero la sociedad en general debe tomar muy buena nota de lo que está pasando. Y abrir los ojos ante un sector sindical público que requiere una reforma profunda y urgente, para que acepte las reglas de la democracia.