Los hechos ocurridos el miércoles en la escuela número 123 vulneran un nuevo límite en la ya frágil convivencia nacional.
Según consigna la crónica de este diario, una mujer y varios adolescentes prácticamente tomaron este centro educativo de Jardines del Hipódromo por asalto, agrediendo a maestras, niños y padres en una especie de batalla campal.
Daysi Iglesias, consejera del Codicen electa por los docentes, declaró que dichas personas “invadieron la institución, ingresaron, golpearon a una alumna, a la mamá de una alumna, amenazaron a una maestra, le patearon la puerta del salón, tiraron a otra maestra y lastimaron a otra en un brazo”. La violencia continuó contra los padres que procuraron entrar para sacar a sus hijos de semejante infierno. Iglesias admitió que es “la primera vez que se invade de esta forma un espacio escolar interno y que se pone de rehenes a todos los niños y padres de la institución. Hasta ahora, había sido el golpe infundado, el insulto o la amenaza, pero nunca un grupo humano que ingresa así”.
Es un caso extremo que amerita una respuesta inmediata del estado de derecho.
Pero como siempre pasa, la primera reacción fue de Ademu, el sindicato de maestros, que convocó a un paro realizado ayer jueves. La medida gremial se reitera cada vez que hay agresiones en los centros educativos, como una reacción automática que no parece afectar a nadie más que a los alumnos, quienes, al impacto emocional de este tipo de violencias, suman la pérdida de horas de clase, entrando así en una espiral de perjuicios tan inútil como perniciosa.
En momentos de escribir esta columna, a primera hora de la tarde del día del paro, nos enteramos por El Observador que ayer se contaba con el funcionamiento normal de los comedores escolares solo en aquellos establecimientos “con presencia de docentes”, mientras que “en escuelas sin docentes no se brinda el servicio de alimentación”. Firmado por la subdirectora de Educación Inicial y Primaria, Mag. Mtra. Selva Pérez Stábile, el comunicado de Anep agrega que “en escuelas sin presencia de docentes que reciben servicios transportados, no funcionan los comedores y los alimentos del día se donan a los lugares que vamos a comunicar”. La última línea dice textualmente que “en esta oportunidad no se organizan sedes por falta de tiempo para coordinarlas y comunicarlas”.
Así estamos en el país que José Pedro Varela convirtió otrora en ejemplo del mundo, por su temprana y eficiente universalización de una educación gratuita y laica.
En un clima de inseguridad rampante, una horda toma una escuela pública por asalto y golpea a maestros y niños. Lo único que se le ocurre al sindicato docente es convocar a un paro inmediato, y las autoridades de la educación anuncian que no tienen tiempo para hacer funcionar los comedores escolares.
Es el panorama más fiel de la más absoluta anomia.
Mientras el sistema político se pelea en los medios de comunicación por la compra de unas lanchas y por un jerarca de la salud que acumula laburitos, los sectores más vulnerables de la sociedad asisten pacientemente al peor desamparo: sin orden público, sin clases y sin alimentación escolar, seguramente se preguntarán dónde está el gobierno de cercanías que les prometen en campaña electoral cada cinco años.
Cuando no hay liderazgo político ni una conducción clara en los organismos del estado, quien termina gobernando es la inercia. Ayer de tarde, la subdirectora Pérez Stábile anunció que hoy viernes cerrarían las escuelas 123 y otra lindera, la número 55, así “los colectivos docentes van a tener la posibilidad de reunirse, reflexionar, con el apoyo técnico del equipo de Escuelas Disfrutables, porque es una situación de mucho desconcierto, de mucha incertidumbre, que es nueva para la escuela en sí“.
A esta altura cabe preguntarse si lo que necesita nuestra educación pública es que los docentes se reúnan a reflexionar, o más bien una coordinación interinstitucional efectiva con el ministerio del Interior, para que estos hechos de violencia -ya demasiado frecuentes aunque ninguno había sido de este porte, hasta ahora- no se repitan ni se multipliquen ni se agraven aún más.
Este es uno de los problemas que debería tener más preocupado tanto al gobierno y a la oposición como a las organizaciones sindicales, en un contexto no de confrontación preelectoral sino de esfuerzo mancomunado por solucionarlos.
Parecemos expertos en chapotear en lo accesorio, en vez de dedicarnos de lleno a lo verdaderamente urgente.