El futuro de Venezuela

La captura de Nicolás Maduro marca un punto de quiebre histórico para Venezuela y para toda América Latina. No se trata simplemente del final de un régimen autoritario, sino de la caída de un sistema criminal que durante años utilizó al Estado como cobertura para el narcotráfico, la corrupción estructural y la represión sistemática. Frente a este escenario, la llamada “hoja de ruta” presentada por Estados Unidos para el día después abre una oportunidad, pero también plantea riesgos que no pueden ser ignorados.

El plan se estructura en tres fases -estabilización, recuperación y transición-, con un fuerte énfasis inicial en alcanzar el éxito en la estabilización de un país en crisis. Sin embargo, el punto verdaderamente decisivo no está en la arquitectura técnica del proceso, sino en su velocidad y en su legitimidad política. Porque mientras se discuten fases y cronogramas, el poder formal en Venezuela sigue en manos de los mismos aparatos estatales copados por los delincuentes que sostuvieron a Maduro. Cada día que pasa sin una transición clara y rápida es un día más en que los resabios del narcoestado conservan capacidad de daño y sus tentáculos extendidos por toda América Latina.

La transición no puede ser lenta ni administrada por quienes fueron parte del problema. No alcanza con neutralizar al dictador si el gobierno encargado continúa integrado por funcionarios, militares y burócratas formados en la lógica criminal del chavismo. La experiencia latinoamericana demuestra que las transiciones prolongadas y ambiguas suelen terminar en pactos de impunidad o en regresiones autoritarias. Venezuela no puede darse ese lujo y América Latina tampoco.

En este contexto, resulta imprescindible que la comunidad internacional -y en particular Estados Unidos- reconozca y coloque en el centro del proceso al presidente legítimamente electo por el pueblo venezolano, Edmundo González Urrutia, así como al liderazgo político y moral de María Corina Machado, líder espiritual y excluyente de la resistencia democrática en el país de Simón Bolívar. Ambos representan no solo la voluntad popular expresada en las urnas, sino también años de resistencia cívica frente a una dictadura brutal. Excluirlos, relativizarlos o postergar su protagonismo sería un error político grave además de una injusticia histórica.

La transición venezolana debe construirse sobre legitimidad democrática, no solo sobre control administrativo. Sin ese anclaje, cualquier proceso corre el riesgo de ser percibido como una tutela externa o, peor aún, como una simple reconfiguración del poder que viene torturando y asesinando a los venezolanos. La reconstrucción de Venezuela exige algo más que estabilidad: exige la instalación a la brevedad posible de un gobierno democrático representativo de los intereses de su pueblo que puede poner la economía en marcha nuevamente.

Desde Uruguay, este debate interpela de manera directa a nuestra política exterior. Resulta francamente vergonzoso que el país, históricamente orgulloso de su tradición democrática y de defensa de los derechos humanos, haya optado en los últimos tiempos por alinearse -por acción u omisión- con gobiernos que relativizan o directamente defienden al narcodictador Nicolás Maduro.

Esa postura no es neutralidad: es complicidad moral. La enorme indignidad que exhibe nuestro gobierno al alinearse con genuflexión de forma automática con todas las posiciones de Brasil está generando una nueva Cisplatina, con toda su connotación de desprecio por los mejores intereses nacionales.

Uruguay no puede compartir declaraciones “que nos acercaron” con quienes justifican una dictadura responsable de miles de presos políticos, millones de exiliados y una de las mayores catástrofes humanitarias del continente.

Mucho menos puede hacerlo ahora, cuando el mundo empieza a cerrar un capítulo oscuro y se abre la posibilidad de una Venezuela libre. Estar del lado equivocado de la historia tiene costos reputacionales que no desaparecen fácilmente y que son difíciles de explicar.

La caída de Maduro no es el final del problema venezolano, pero sí el comienzo de una responsabilidad mayor. La transición debe ser rápida, clara y liderada por quienes cuentan con legitimidad democrática. Todo lo demás -fases, planes y administraciones temporales- debe estar subordinado a ese objetivo. Venezuela necesita volver a ser una república. Y América Latina, incluida Uruguay, necesita estar a la altura de ese desafío.