El fin del debate

Antonio decía recién que no le parecía una buena señal [quitar la obligatoriedad de asistir a la educación para poder recibir una prestación]. Estás un poco solo en eso. En un seminario de transferencias que hubo, toda la comunidad de investigadores e investigadoras (...) era unánime en que las condicionalidades tenían que irse”. Esto decía Mauricio De Rosa en una entrevista en la diaria Radio junto a Antonio Manzi para descalificar la opinión de este último, que defendía mantener contraprestaciones para las transferencias monetarias a familias vulnerables, como la asistencia de los niños a la educación y a los controles de salud. Acto seguido, De Rosa listó un grupo de académicos de las ciencias sociales entre los cuales aparentemente el tema no admitía discusión, y era “una ridiculez” plantearlo.

El episodio merece atención no por sus protagonistas, sino porque ilustra una tentación cada vez más extendida: la fatal arrogancia de pretender clausurar debates públicos invocando supuestos consensos técnicos.

Lo primero que hay que decir, aunque parezca contradictorio, es que en este caso se invoca un supuesto consenso que ni siquiera existe. La evidencia internacional sobre las condicionalidades de las transferencias es mixta. Hay estudios que muestran que las condiciones mejoran la asistencia escolar y los controles de salud, y hay otros que advierten que castigan a las familias más vulnerables.

Ambas posiciones pueden sostenerse con rigor. Presentar como laudada una discusión que la propia literatura mantiene abierta no es ciencia: es una opinión ideológica disfrazada de certeza.

Pero supongamos, en beneficio del argumento, que el consenso existiera. ¿Qué se seguiría de ello? Mucho menos de lo que se pretende. La evidencia puede decirnos qué efectos tiene una política sobre aquello que los investigadores deciden medir. No puede decirnos qué objetivos debe perseguir una sociedad ni cómo ponderar valores que compiten entre sí. Del ser no se deriva el deber ser, y esa distinción elemental es la frontera entre el conocimiento técnico y la decisión política.

Los expertos, además, son por definición especialistas: miran una parte del problema, no toda la película. Quienes estudian transferencias miden impactos sobre las familias beneficiarias, pero rara vez incorporan otras dimensiones que un gobernante no puede ignorar. Las contraprestaciones, por ejemplo, contribuyen a la legitimidad social de las transferencias: hacen más tolerables, para los sectores medios que las financian, transferencias más cuantiosas y más duraderas. Una política óptima en el papel pero carente de licencia social dura lo que dura un gobierno; una menos elegante pero legítima puede sostenerse por décadas.

Tampoco es menor señalar que los consensos académicos suelen ser menos universales de lo que aparentan. En este caso, los expertos aludidos comparten formación, instituciones y sensibilidades ideológicas muy próximas. Cuando un grupo homogéneo coincide, eso puede reflejar la verdad, o simplemente reflejar al grupo. La historia de la economía está llena de consensos que luego se revirtieron; las políticas adoptadas en su nombre, en cambio, quedaron.

La pandemia ofreció la lección más clara. Si las decisiones se hubieran delegado exclusivamente en los expertos sanitarios, como muchos reclamaban, Uruguay habría terminado en confinamientos obligatorios y prolongados. La libertad responsable fue posible porque un gobierno político y democrático escuchó a la ciencia, pero también a empresarios, educadores, trabajadores y familias, y decidió ponderar el conjunto. A la luz de los resultados, pocos dudan de que fue el camino correcto.

Es que son los políticos, y no los técnicos, quienes tienen legitimidad democrática y rinden cuentas por sus decisiones. El experto que se equivoca no paga costo alguno; el gobernante enfrenta a la ciudadanía en las urnas. Por eso conserva plena vigencia la vieja fórmula atribuida a Churchill: los expertos deben estar disponibles, no al mando.

Nada de esto es un alegato contra el conocimiento. La investigación rigurosa es un insumo valioso, y ojalá tuviéramos más evidencia de calidad sobre nuestros problemas sociales. Pero una cosa es informar el debate y otra muy distinta pretender terminarlo. Ojalá estemos siempre libres de una tecnocracia que pretenda gobernarnos desde un saber supuestamente neutral. Los debates públicos no se laudan por unanimidad de un claustro: se procesan, con evidencia y con valores, en la democracia.