El desafío chileno de mañana

Mañana es un día importante en Chile. Más de 9 millones de personas por primera vez en forma obligatoria acudirán a las urnas, para decidir si se aprueba una nueva Constitución Política.

Cuando la votación del previo referéndum para la elección de una Convención que debía redactar una nueva Carta Magna, el apoyo a esta iniciativa llegaba al 78%, pero finalmente el resultado fue la expresión de solo un 50% del padrón. No es de extrañar entonces que una parte de la sociedad y de los partidos políticos haya estado menos representada en la composición de los constituyentes y la balanza se haya inclinado hacia la izquierda y hacia grupos de activistas y militantes.

Las protestas callejeras y los disturbios de finales del 2019, violentas y con una llamativa coordinación dado que más de 70 estaciones de metro fueron atacadas un mismo día, desembocaron en un proyecto de nueva Constitución. Una de las tantas, ya que por lo menos 5 hubo a partir de su independencia. A la vigente, se la llama la Constitución de Pinochet, a pesar de las más de 50 enmiendas introducidas. Por ejemplo, el artículo sobre los senadores vitalicios tan cuestionado, hace mucho fue eliminado.

El actual proyecto en discusión es un libro de 160 páginas. Consta de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias que son obra de una Asamblea Constituyente cuya integración se caracteriza por el predominio de la izquierda y bastante falto de realidad en muchos sentidos, cuando no superfluo. Un ejemplo, el art. 60(1) establece en la Carta Magna: “toda persona tiene derecho a practicar un deporte, actividad física y ejercicio”. Entre los temas que más controversiales figura el conceder más derechos a los indígenas. Entre otros, el reconocimiento del “mapudungun”.

La lengua de los mapuches del sur de Chile y se nombran otros 10 pueblos indígenas. De ahí el término “plurinacional” que la emparenta con la Constitución boliviana. El estado chileno reconoce los sistemas jurídicos indígenas en plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Los opositores opinan que la plurinacionalidad divide al país además de crear un grupo privilegiado. Es un cambio muy drástico y se señala una nueva discriminación. Le da un poder excesivo a los pueblos originarios que pueden oponerse a cualquier proyecto en todo el territorio nacional con el argumento que vulnera sus derechos.

Si bien el Presidente Boric cuando oficiaba como líder estudiantil durante los largos meses convulsos y durante la campaña electoral predicaba estos lineamientos, ante los enfrentamientos armados y actos de sedición en la Araucanía l cambió el “chip”. Tras 2 meses en el Palacio de la Moneda tomó otra estrategia respecto el conflicto histórico que ningún gobierno ha podido resolver definitivamente.

Dirigentes de las comunidades mapuches hace décadas que reclaman tierras. Exigen una reivindicación ancestral y el Presidente, ante el creciente accionar delictivo decretó finalmente, la militarización de las provincias Arauco y Bio Bio. Conflicto que se ha trasladado más allá de la frontera, hasta territorio argentino y en el cual se mezcla una amalgama de distintos intereses que van desde la política y la ideología marxista hasta notorias dosis de oportunismo.

La inquietud por el medio ambiente ocupa un lugar importante; la palabra naturaleza aparece 36 veces en el texto. De ser aprobada, seguramente sea la primera Constitución que plantee directamente la crisis climática, haciendo al gobierno responsable de las medidas paliativas. Dice así: es deber del Estado adoptar medidas de prevención y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y los efectos provocados por “la crisis climática y ecológica”. Más allá de las preocupaciones ambientales, la Magna Carta supone cambios muy fundamentales en lo que hace al Estado de derecho, tal lo conocemos. Debilita en grado extremo el derecho de propiedad. Elimina la compensación previa y a precios de mercado en caso de expropiación.

En el ámbito del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, cuyo nombre se cambia, debe renunciar a algunas de sus competencias y los nombramientos en cargos de judicatura, que hasta ahora lo hacían guardando equilibrios de las distintas posiciones políticas, se transfieren a un Consejo Judicial. Los partidarios del rechazo, que según las últimas encuestas tienen 5% más de chances de triunfo consideran que es demasiado evidente la injerencia superlativa de una sola parte del espectro político en la compaginación del trabajo que se plebiscita el domingo.