El derecho de los padres

A partir del trágico y repugnante caso del asesinato de niños por parte de su padre, que también se quitó la vida, y que conmovió a todo el país, hay dirigentes del Frente Amplio que reclaman derogar la ley de “tenencia compartida”, votada en el período pasado.

La propuesta, impulsada por grupos feministas radicales, no sorprende a nadie. Cuando se votó la mencionada ley, se hizo con la oposición radical de estos mismos legisladores frenteamplistas, que abrevan en las mismas fuentes ideológicas que esas activistas extremas, y que suponen prácticamente que todo hombre es violento en potencia. Pero para entender el tema, y darse cuenta por qué esta propuesta de ahora es nefasta, hay que hacer un poco de historia reciente.

El problema, a muy grandes rasgos, comienza con la mutación que tras el derrumbe del socialismo real , toman muchos activistas de izquierda. Que debido al fracaso de aquellas ideas que impulsaron durante décadas, deciden que deben cambiar el perfil de sus planteos, para mantener su vigencia.

Es así que esta ultra izquierda adopta como prioridad para su accionar, algunos temas que parecen inocentes, y que su trasfondo es compartido por la abrumadora mayoría de la sociedad. Entonces vemos que grupos de izquierda se apropian de temas como el medio ambiente, el feminismo, la lucha contra la desigualdad. ¿Quién no quiere terminar con la desigualdad? ¿Con la violencia contras las mujeres? ¿Quién no quiere vivir en un ambiente limpio y armónico? El problema son los medios para lograr esos objetivos.

En el caso de la violencia intrafamiliar, los grupos feministas comenzaron con plataformas compartibles, y que ponían sobre la mesa la indefensión en que se encontraban muchas mujeres que vivían en ambientes tóxicos y violentos, y que por motivos económicos o hasta de dependencia emocional, no lograban salir de los mismos. Eso conectó de manera muy especial con la sociedad, y es por ello que tanta gente marcha en los días que se organizan actos públicos por la materia.

Así llegamos a la votación en el Parlamento de la ley 19580, también llamada “violencia de género”. La misma contenía cosas interesantes y compartibles, pero también aberraciones legales inaceptables, que el tiempo fue poniendo en evidencia.

Una de estas aberraciones, era que ante la simple denuncia de una mujer, de que sentía violencia física o psicológica por parte de su pareja, a esta se le quitaba todo derecho a ver a sus hijos, hasta que se dieran una serie de pasos procesales y pericias sicológicas. Cosa que en muchos casos, terminaba generando que el padre no pudiera ver a sus hijos por largos meses.

Esta injusticia evidente, que daña a los padres, a los hijos, y a toda la sociedad, se intentó susbsanar el período pasado con la llamada “ley de tenencia compartida”. Allí se pone en texto legal, el derecho de los padres a ser parte de la vida de sus hijos, y el de estos a tener un vínculo con su progenitor masculino.

También se incluyó un cambio determinante a la hora de las denuncias. Porque ahora el juez no está obligado a limitar el contacto de los padres con sus hijos, sino que tiene mayor discrecionalidad para manejar el tema, en función de pericias y lo que él mismo percibe caso a caso.

Se trata de un cambio clave, que ha devuelto un cierto equilibrio a las muchas veces tensas relaciones cuando una pareja se separa. Y que de alguna forma ha puesto límite a los abusos que se cometían en la negociación que existe siempre en estos casos, y donde hasta esta ley la mujer tenía prácticamente todo el poder. Porque alcanzaba una palabra suya, para que el padre no pudiera ver a sus hijos por meses.

Este cambio ha sido visto como una afrenta por los grupos feministas radicales, y sus socios en la bancada frentista. Que se escudan en teorías estrafalarias, y en discursos de activistas, para señalar que lo que hace la ley es exponer a los niños a peligros innecesarios. Como si el hecho de que, por defecto, ante cualquier denuncia se cercene el derecho de niños y padres a tener un vínculo, fuera una banalidad sacrificable, ante la amenaza de que en 1 de cada 1 millón de casos pueda ocurrir una tragedia como la del otro día.

Es clave que la oposición no se deje “llevar con el poncho” en medio de una ola de indignación popular por el caso reciente. Un sistema de derecho sano, no puede estar inclinado por defecto en beneficio de una de las partes. Y una sociedad sana no se construye sobre la base de dividir y alienar a las familias de esta manera.