El Consejo Fiscal

Una de las principales innovaciones en materia de institucionalidad económica del período anterior fue la creación de una institucionalidad fiscal. El tema no es menor, nuestro país adoleció históricamente de un ciclo presupuestal pautado por el ciclo electoral que es una de las principales causas de las crisis económicas que sufrimos.

Con la ley de urgente consideración de 2020 se realizó un avance notable, creando una regla fiscal de tres pilares (tope al gasto, al endeudamiento y resultado fiscal estructural) junto a un Consejo Fiscal Asesor y un Comité de Expertos que robustecían la aplicación de la regla. El Consejo Fiscal Asesor debía seguir el funcionamiento de la regla y realizar recomendaciones y críticas, siendo los vigilantes de que se aplicara correctamente.

El Comité de Expertos debía suministrar insumos técnicos que sirvieran al Ministerio, entre otros, con una estimación de tasa de crecimiento potencial que cumplía la función de tope al incremento anual del gasto.

En la instancia presupuestal el Ministerio de Economía se cargó la regla fiscal, eliminando los tres pilares existentes y suplantándolo por una regla fiscal teórica que no le implicaría en todo el período ninguna limitación y que toquetearon explícitamente para que quedara de esa forma.

Por tanto, el actual gobierno decidió destruir la regla fiscal con un entusiasmo digno de mejor causa, haciendo retroceder la institucionalidad en nuestro país a tiempos más precarios de mayor discrecionalidad para el manejo de las cuentas públicas. Y no fue sólo con la institucionalidad fiscal, también destruyeron la que determinaba las variaciones de los precios de los combustibles y, más recientemente, han propuesto atropellar la del sistema previsional, lo que ha despertado la alarma de los inversores. Destruir instituciones económicas no es gratis, y el costo ya lo estamos pagando a partir de informes lapidarios de esta misma semana. Locales, como el de CPA Ferrere e internacionales, como el de J. P. Morgan.

Lo más lamentable es que a pesar de toda la evidencia en contra el Ministerio de Economía sigue adelante. El Consejo Fiscal Asesor del Ministerio pasó a llamarse Consejo Fiscal Autónomo, demostrando freudianamente la verdadera intención, que era quitarle la autonomía. La semana pasada dejó su cargo en el Consejo el economista Alfonso Capurro, uno de los expertos más reconocidos en nuestro país y que presó un gran servicio desde esa posición honoraria, que debe ser reconocido.

Pues bien,el Ministerio de Economía debía seleccionar a otra figura claramente independiente, alguien que estuviera por encima del debate partidario, y diera garantías a todos. Sin embargo, optó por algo diferente. La persona designada es la economista Silvia Rodríguez, autoreconocida militante frenteamplista.

Rodríguez fue una de las firmantes destacadas del documento “Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social” lo que constituye una declaración pública de su militancia política partidaria. Por si fuera poco, en sus redes sociales interactúa activamente con declaraciones que van mucho más allá de lo técnico, para ingresar en aspectos (y tonos) muy partidistas.

Como para muestra basta un botón, pueden observarse sus comentarios sobre el debate presidencial de la pasada campaña. Allí afirma: “Delgado miente. No se estuvo por perder el grado inversor. 15 años de crecimiento ininterrumpido durante gobiernos del FA”.

La bastante clara militancia de la economista Rodríguez no es sólo una cuestión de mal gusto. Existen impedimentos legales.

Su designación está expresamente vetada por el inciso b del artículo 14 del Decreto 315/ 021 que establece como incompatibilidad para integrar el Consejo fiscal “Reconocida actividad político-partidaria.”

Que el ministerio de Economía insista con esta nominación tiene varios efectos muy notorios. Primero, terminará de destruir la institucionalidad fiscal, al propinarle un golpe de gracias a su independencia y credibilidad. Pero todavía peor, es que da la sensación de no querer ningún tipo de contralor sobre su actuación en el frente fiscal, algo que sugiere que no está pensando ser muy cuidadoso por allí.

En los últimos meses, ha sido habitual escuchar a voceros del ministerio que algunas críticas o comentarios de la oposición, eran actos casi antipatriotas, porque generaban miedo en inversores y empresarios. Cabe preguntarse cual sería entonces es el efecto de este tipo de acción.