Disparen contra el 222

Hace tiempo que el servicio del 222 está en la mira de las autoridades. Y hay razón porque en realidad es una verdadera contradicción: el Estado -que tiene entre sus cometidos esenciales velar por la seguridad de sus ciudadanos- asigna al Ministerio del Interior una cantidad de recursos exigua para cumplir sus tareas. Hay escasez de funcionarios policiales y éstos están mal pagos. En consecuencia, habilita un servicio para la contratación de funcionarios policiales que vele por la seguridad de los ciudadanos, pero cuyas remuneraciones no las asume el ministerio sino otros organismos estatales o aún privados. Se estima que el costo del servicio ronda los US$ 100 millones, de los cuales el 80% va para el funcionario, un 19% para la Jefatura correspondiente y un 1% para el ministerio que lo destina a la compra de uniformes y armas.

Lo único positivo de este mecanismo es que permite a los policías mejorar el monto de sus remuneraciones -se estima que puede alcanzar hasta $10.000 por mes- y convertirlas en más dignas para atender sus necesidades y las de su familia. Aunque tengan que extender por muchas horas la jornada laboral y ello finalmente redunde en un desastre para las relaciones familiares y una situación de agotamiento para el policía que puede derivar en consecuencias lamentables.

El actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi ha planteado en varias oportunidades la necesidad de eliminar el 222, que pasaría a formar parte del sueldo mensual del policía. Otro tanto ha sostenido la comisión interpartidaria de seguridad que acordó eliminarlo en un plazo de tres años, manteniendo el sueldo de los efectivos pero con un régimen de ocho horas. El diputado Jorge Orrico, integrante de esta comisión, fue categórico: "hay que eliminarlo por razones humanitarias, porque es inhumano que alguien trabaje 16 horas por día".

El tema se replanteó hace pocos días cuando 900 policías perdieron sus ingresos por 222 a raíz de que la estatal Agencia Nacional de Viviendas y el Banco Hipotecario del Uruguay suspendieran la custodia de 600 apartamentos diseminados por distintas zonas de la ciudad de Montevideo, la mayoría en las calificadas como críticas. Es que esas vigilancias representaban erogaciones millonarias para el erario público y era más económico sustituirlas por un patrullaje móvil de los complejos. Y entonces ocurrió lo que era previsto que ocurriera: en la zona de Aparicio Saravia y San Martín, por ejemplo, se vivió una noche de pánico entre ocupaciones, saqueos y disparos.

No es suficiente ni parece lo adecuado (porque la incentivación de su práctica puede llegar a ser muy peligrosa) recurrir a la seguridad privada para que los ciudadanos se protejan de los delincuentes. Eso le compete al Estado y para ello los contribuyentes abonan generosos impuestos. Creemos más bien que es hora de que cada uno asuma sus responsabilidades y también de terminar con abusivas situaciones de iniquidad.

Se viene el Presupuesto y el Ministerio de Economía debe asumir que la inseguridad se combate con una policía lo más profesional posible y bien remunerada. Y que para eso se necesitan recursos. Que obligar a alguien a trabajar 16 horas es inhumano. Que los planes asistenciales están muy bien: pero no solo debe ayudarse al que no trabaja, sino también a aquel que lo hace pero recibe como contrapartida una remuneración hiriente a su dignidad. Que hay gente que todos los días calzan un arma, le dan un beso -que bien pudiera ser el último- a su madre, su compañera o a sus hijos y salen a jugarse la vida. Porque su función, como representante del orden es esa: arriesgar su existencia a cada vuelta de la esquina para defender la integridad física o la propiedad de sus conciudadanos.

Mientras tanto, con esa movida sorpresiva de la Agencia Nacional de Viviendas y el BHU, el Estado ha disparado fuerte contra el 222, pero le ha pegado a 900 seres humanos que trabajaban en él que quedan sin una fuente de ingresos. ¿Es justo?