Casupá, represa inviable

Desde que asumió este gobierno, y pese a lo que suele decir el presidente Orsi, la obsesión refundacional ha estado a la orden del día. Uno de los temas donde esto ha sido más evidente fue en la cancelación del millonario proyecto Neptuno, destinado a generar una nueva fuente de agua potable para la zona metropolitana.

Con un fervor digno de mejor causa, el gobierno, y en especial el ministro Edgardo Ortuño, lograron desarmar aquel importante proyecto, en beneficio de otra idea propia, más cara y que no logra ofrecer una toma alternativa. Se trata de apostar todas las fichas a una enorme represa en Casupá.

Desde un principio esta propuesta ha generado comprensibles reproches técnicos. Como decíamos, no brinda una alternativa a la cuenca del Santa Lucía, implica una inversión millonaria que eventualmente deberá ser complementada con otra obra nueva. A lo que se suma el reclamo ambiental, ya que el proyecto implica inundar 800 hectáreas de bosque nativo, en una zona de alta sensibilidad natural y productiva.

Si el proyecto ya venía con problemas, los datos conocidos en los últimos días lo vuelven directamente inviable. Es que según se ha informado, el mismo incluiría generar un “área protegida” de casi 70 mil hectáreas, en el corazón de una de las zonas productivas más relevantes del país. Según ha denunciado el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, “la represa de Casupá en sí no debería ser el problema, pero en el fondo del asunto tenemos una restricción a la producción enorme. Ahora quedó esto en evidencia, algo que hasta el momento no se había informado claramente”.

Entre las posibles restricciones que se están mencionando, hay serias limitaciones a nuevas plantaciones forestales, emprendimientos de engorde a corral, sistemas de riego y utilización de fertilizantes y fitosanitarios. O sea, todo lo que significa producción agropecuaria.

Desde ya que esto trae varios problemas. El primero es la pérdida millonaria que sufrirían los dueños de predios alcanzados por estas restricciones, que claramente implicaría un costoso juicio contra el estado de llegarse a imponer las mismas.

Si uno compra un predio pensando en desarrollar actividades productivas, pero luego el estado de un día para el otro le impone una prohibición, el mismo debe hacerse responsable. Según estimaciones de la Asociación Rural, esas pérdidas serían como mínimo de 7 millones de dólares por año.

Pero a esto hay que sumar el derrumbe del valor de los predios, algo que ya está ocurriendo por el simple hecho de que se hable de esta posibilidad. Otra muestra de frivolidad y liviandad de quienes lo impulsan sin analizar las consecuencias a fondo.

Pero no son solo los privados quienes perderán con esto. Será todo el país, ya que esas restricciones significarán menos carne, menos granos, menos madera... También menor venta en veterinarias, en laboratorios, en estaciones de combustible, y en todo lo que afecta directamente la cadena de suministros en una zona clave para la producción del país. O sea, menos impuestos para el estado, menos plata para la gente.

Un aspecto insólito que denunció el presidente de la Asociación Rural es que en las reuniones donde se empezaron a esbozar los detalles finales de este proyecto, no hubo representantes del ministerio de Ganadería y Agricultura, sino solo del de Ambiente. ¿Cómo puede ser que ocurra algo así?

La consecuencia obvia es que la Asociación Rural se prepara para desarrollar una oposición frontal al proyecto. Hablamos de una de las organizaciones sociales y económicas más antiguas del país, y la representante genuina del sector económicamente más relevante de Uruguay.

Si el proyecto ya contaba con una firme oposición de los habitantes de la zona, y si generaba enormes dudas entre los técnicos y especialistas, este nuevo frente que se abre, lo vuelve claramente inviable.

Uruguay tiene un problema central de crecimiento, y no se puede dar el lujo de poner un bloque de hormigón regulatorio, sobre una enorme área, de las más productivas del país. Y a un costo para el estado nacional que va a ser millonario.

Lo peor es que todo esto es apenas con el fin de cumplir con un capricho del ministro de Ambiente, lego absoluto en la materia, pero que desde la campaña electoral que tomó como bandera la oposición infantil al proyecto original. Que lograba a un menor costo, resolver el problema de fondo de una nueva fuente de agua potable, sin generar una crisis económica y social en el corazón de la zona productiva del país.