Carta social de las Américas

Uno de los últimos documentos trascendentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo constituyó la "Carta Democrática Interamericana" aprobada en Lima el 11 de septiembre del 2001 -inscripta en la misma línea que la Doctrina Rodríguez Larreta sobre el paralelismo entre la democracia y la paz que lanzara nuestro fundador el 21 de noviembre de 1945 en una carta dirigida a todos los Cancilleres de América, siendo Ministro de Relaciones Exteriores- que, como ella misma lo reconoce, se inscribe dentro de otros mecanismos regionales y subregionales tendientes a la promoción y consolidación de la democracia en las Américas. Como un nuevo aporte a la vitalidad del organismo - que es la mejor respuesta a reclamos y actitudes agoreras como la formulada por la dictadura de Venezuela y sus tradicionales compañeros de ruta-, debe recibirse la reciente "Carta Social de las Américas" aprobada en la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores que tuvo lugar en Cochabamba. Que es no solo valiosa por su contenido, sino que además se vio enriquecida por el aporte de las delegaciones de Argentina, Guatemala, Paraguay, Guyana, Haití, Dominica, El Salvador, Jamaica y República Dominicana, formuladas en la misma reunión, donde Uruguay guardó un pudoroso silencio.

Partiendo del reconocimiento que "los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla" y que el desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, esta nueva Carta sostiene que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral y al crecimiento económico con equidad, exhortando a los Estados Miembros a promoverlos y a lograr su plena efectividad. Mas allá de sus declaraciones programáticas, formula una serie de exhortaciones dirigidas a los gobiernos tendientes a eliminar realmente la pobreza en el Continente. Ese propósito ha figurado casi siempre en los programas de los gobiernos, pero se ha frustrado o se sigue frustrando tras la inoperancia de los dirigentes o un no disimulado clientelismo, con lo cual se desperdician dinero y esfuerzos que deberían concretarse en el logro de los objetivos mismos. Es indiscutible que la democracia no puede progresar al amparo de la pobreza, y que tanto como sus razones filosóficas deben atenderse los requerimientos sociales y culturales de la población, que en otros países son graves e importantes, por razones geográficas e históricas, pero que en otros, como el nuestro, no se justifican. El problema no es siempre la riqueza sino el de su distribución y en esa área es que se encuentran las mayores carencias que deberán atenderse a la luz de estos nuevos instrumentos.

El Uruguay se ha caracterizado siempre por una tenaz preocupación ante esos problemas, que se vio reflejada en los altos niveles de alfabetización y en su preocupación por la enseñanza, lo cual se manifiesta no solo en la educación misma, sino que se refleja más allá de las "ceibalitas", en lugares de educación limpios y en condiciones, y es en ese flanco que el gobierno ha dejado extender un deterioro que sigue alcanzando niveles alarmantes. Los principios no deben reducirse a las proclamas sino que deben extenderse a la práctica y es en esa área que debe recogerse el desafío que lanza la nueva Carta, que no solo sirve para exhibir viejos problemas que aún persisten en el Continente, sino también para estimular a los gobiernos a solucionarlos objetiva y realmente, atendiendo de manera especial a todos los factores que están comprometidos.

Y no solo para combatir y eliminar todo tipo de intolerancia y discriminación, en especial la de género, étnica y racial, que en nuestro país se encuentran reducidas, sino y sobre todo para reducir la pobreza y fortalecer a través de ello, los pilares de la democracia. Es de esperar que sea atentamente leída y aplicada desde el gobierno y que sea rescatado el lugar de privilegio que siempre tuvo Uruguay en esta materia.

Merece destacarse que la atención no está dirigida solo a los derechos económicos y sociales sino también a los culturales, incorporando por primera vez en este tipo de documentos la importancia del apoyo a la cultura de los pueblos y el reconocimiento a su jerarquía.