Alejandro N. Bertocchi | Montevideo
@|“Todos nuestros esfuerzos hubieran sido estériles, habríamos tenido que detenernos impotentes en la mitad del camino, si no hubiéramos encontrado, siempre que lo solicitamos, un concurso decidido y eficaz en el Gobierno de la República, y especialmente en el entonces Gobernador Provisorio del Estado. Hago acto de reconocida justicia al reconocerlo y al decirlo. A pesar de las tendencias absorbentes, que, por su misma naturaleza tenía el Gobierno Provisorio, dejo siempre en la más completa libertad de acción a las autoridades escolares; éstas pudieron agitarse sin tropiezos, dentro de los límites que les señalaban las leyes vigentes, y mal del grado y a las repetidas sugestiones en contrario de diversas autoridades, corporaciones y personas, nuestras tareas no solo fueron respetadas sino que fueron robustecidas constantemente por las resoluciones del Gobierno Provisorio con las atribuciones que nos eran propias”.
Estas sugestivas palabras de José Pedro Varela han sido publicadas en diversas obras y son reflejo de un momento histórico crucial para el país donde estaban arreciando las críticas del docto mundo “principista” hacia su labor consagratoria en aras de la Educación Nacional.
Fueron franca respuesta a lo anterior y concreta muestra de hasta donde arribó, para su conocimiento, la figura del Coronel Lorenzo Latorre, a la sazón Gobernador Provisorio de la República tras el movimiento popular del 10 de Marzo de 1876. Esas afirmaciones las señaló Varela en el marco del apoyo irrestricto que se le dio durante su actuación como Director de Instrucción Pública, de donde surgiría el decreto - Ley de Educación Común del 24 de Agosto de 1877. Varela, en varias oportunidades fue claro en este respecto siendo su carta de aceptación de su cargo dirigida a Latorre (27 de Marzo de 1876), clara muestra del proceder del Gobernador en tal circunstancia.
A esta altura, a ciento cuarenta y seis años de aquella Ley, se hace patente la lectura parcializada que se ha confeccionado durante décadas frente a la figura del Coronel Latorre y el gris manejo al que muchos historiadores fácilmente se han asignado.
Cabría preguntarse porqué una sociedad recurre a gobiernos de fuerza para lograr elementos como los que Latorre, como autócrata primero y presidente constitucional después, cobró para el país en los cuarenta y nueve meses de su gobierno.
Ejemplos sobran, no solo lo señalado para la educación pública sino también la muy necesaria pacificación del territorio, algo en lo que la inoperancia anterior había dejado lamentables capítulos teniendo al frente los previos “años terribles”; sumando logros como la protección de la propiedad, la organización de la administración, el combate al abigeato y el contrabando, el control fiscal, la fundación de pueblos y la erección de colegios como la Escuela de Artes y Oficios, etc.
En definitiva, son observables hechos bastante similares desarrollados en otras tierras del continente con el mismo modelo: el General Roca en la República Argentina y su colega Castilla en Perú o Diego Portales en Chile; en suma, inevitables procesos de modernización estatales.
Quizás correspondería dar paso a un valiente y saludable proceso de sinceramiento dentro del mundo de la interpretación histórica, muy en especial la de estos últimos tiempos, en los que prolíficos historiadores de entonación marxista han implantado, en especial entre los jóvenes y ante la lamentable vista gorda de muchos sectores de la sociedad, un relato manipulador donde, por ejemplo, la guerrilla urbana surge absuelta de sus pecados, apareciendo como una suerte de modernos Robin Hood.
Nada nuevo bajo el sol.