Un Estado inteligente

Libertario | Montevideo
@|Se reconocen dos tensiones clave en la discusión contemporánea sobre el rol del Estado:

1) Cómo usar racionalmente los recursos que el Estado obtiene de la sociedad (impuestos, deuda, rentas de recursos).

2) Cómo evitar la hipertrofia burocrática que puede volver ineficiente o poco legítima esa gestión.

El dilema central está asociado a la legitimidad de la recaudación: la sociedad acepta pagar impuestos si percibe que se transforman en bienes públicos valiosos (educación, salud, infraestructura, seguridad, transición energética). Cada peso recaudado tiene un costo para hogares y empresas, por lo que el Estado debe justificar eficiencia y transparencia en el gasto.

Hay un gran tema de fondo vinculado a la burocracia vs. capacidad: más personal o instituciones no siempre significan mejor servicio; a veces implica rigidez, lentitud o corrupción.

Los estudios recientes y organismos internacionales señalan varios caminos para intentar conciliar objetivos y recursos, entre los que son relevantes los presupuestos basados en resultados, a partir de asignar recursos según metas medibles (ej.: reducción de pobreza, metas ambientales concretas), en lugar de incrementos lineales de gasto.

También importa la evaluación del desempeño, a través de cuentas claras, controles adecuados y publicación accesible de datos fiscales y de desempeño.

Los avances tecnológicos vinculados a la digitalización y la simplificación administrativa a través de gobierno electrónico, trámites digitales y uso de IA reducen costos de burocracia y permiten reasignar funcionarios a tareas de mayor valor agregado.

Por otra parte, es relevante la priorización estratégica. En lugar de dispersar recursos en múltiples programas pequeños, se debe concentrar en áreas con alto impacto socioeconómico: educación de calidad, salud preventiva, infraestructura resiliente.

Y ni que hablar de la reforma de estructuras burocráticas: revisar organismos redundantes, eliminar solapamientos y profesionalizar la carrera administrativa para reducir politización y clientelismo.

En definitiva, el equilibrio a lograr apunta a evitar el exceso de burocracia – que frena innovación, genera desconfianza y “captura” de recursos -, a reducir el déficit de Estado - que abre espacio a desigualdad, corrupción privada o abandono de bienes públicos esenciales – y a apuntar hacia un Estado ágil, estratégico y transparente, con burocracia mínima para implementar políticas complejas, pero con controles y simplificaciones que impidan que se vuelva un fin en sí mismo.

En pocas palabras: el reto actual es transformar el Estado en un “Estado inteligente”, que sepa hacer más con los mismos (o menos) recursos, y cuya burocracia sea un instrumento de eficiencia y no un lastre.

Eso es lo que la ciudadanía espera: un Estado que resuelva problemas sin trabar soluciones.