Trump y la marihuana

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos
@|Mientras Trump evalúa reclasificar la marihuana…

Días atrás, las acciones de cannabis se dispararon tras conocerse que Donald Trump está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

El cannabis está actualmente clasificado como droga de Categoría I, en la misma que la heroína y el LSD - sustancias consideradas sin uso médico y con alto potencial de abuso. Una reclasificación a Categoría III agruparía la marihuana con drogas consideradas de menor potencial de dependencia, como la ketamina y el Tylenol con codeína.

En cualquier caso, la verdad es que debido a la “guerra contra las drogas”, inhumana y cruel como pocas, desde que comenzó con Nixon, fueron encarceladas más de 40 millones de personas y, solo en México, desde 2006, murieron más de 120.000. Es la consecuencia de la represión, al establecerse la prohibición que pareciera ser solo un negocio monopólico dirigido por políticos y burócratas, en donde se castiga y persigue a los que intentan operar por fuera de este monopolio.

Cómo se explica, sino que, en EE.UU., el país con las fuerzas de seguridad mejor equipadas del mundo sea donde más consumidores existen aun cuando no es un país productor, es decir, donde más tráfico hay siendo que prácticamente toda la droga ingresa por las fronteras. ¿Son tan ineficientes estas fuerzas o existe connivencia entre traficantes, políticos y policías? De nada sirven los radares para controlar vuelos ilegales cuando está probado que la mayor parte de la droga ingresa por canales legales.

Además, ¿son drogas tan nocivas? Sin dudas, pero curiosamente otras que son “legales” están causando más daño. De acuerdo con la Comisión Europea, mueren 8.000 personas cada año en la Unión Europea por el consumo de aquellas prohibidas e, indirectamente, otras 20.000. Son muchas, una sola muerte es injustificable, pero muchos más mueren por el alcohol -unas 800.000 en Europa, según Eurostat- o por fumar o debido a accidentes de tránsito.

Otro argumento es que se trataría del derecho a la legítima defensa ya que, los drogadictos, serían personas peligrosas para la sociedad. Pero no está claro que sean de suyo peligrosos (salvo cuando consumen mezclas tóxicas, dada la mala calidad de lo ilegal), más bien parecen disminuidos físicos y mentales; en cambio, sí es creíble que, una vez criminalizados por el Estado -en lugar de quedar visibles para ayudarlos- se conviertan en delincuentes ante la imposibilidad de conseguir calmar su adicción por vías normales y a precios no monopólicos.

La disyuntiva, al fin de cuentas, es monopolio de los funcionarios a precios elevadísimos que lo convierten en un gran negocio y muy corruptor o regulación natural del mercado. En contraposición con lo que ocurre en países represores, en Portugal donde la droga es más libre, el número de delitos y drogadictos es menor. Según la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), allí ocurren 0.5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes mientras que en EE.UU. son 4.7.

De levantarse las prohibiciones, respetando el primer derecho humano, el de la libertad personal, de vivir la propia vida, las drogas quedarían a la vista de todos, como el alcohol, desapareciendo de inmediato el narcotráfico y los delitos asociados y, en consecuencia, serían más fácilmente conocidas y controlables.