Sr. Presidente, Yamandú Orsi

Comisión Directiva Fundación Nuestro Camino | Montevideo
@|Quienes suscribimos, en representación de la Fundación Nuestro Camino, institución que desde hace más de 40 años acompaña, apoya y promueve la inclusión de niños, jóvenes, adultos y familias vinculadas a la discapacidad intelectual y Síndrome de Down en particular, nos dirigimos a usted con el objetivo de manifestar nuestra preocupación ante la eventual modificación de la Ley Nº 18.987, particularmente en aquellos aspectos que podrían habilitar la interrupción del embarazo en función de condiciones genéticas o diagnósticos prenatales.

Desde nuestra experiencia de décadas trabajando junto a personas con discapacidad y sus familias, entendemos que toda normativa debe resguardar, de manera firme e inequívoca, los principios de igualdad, dignidad y no discriminación. Nos preocupa que avanzar en este sentido pueda interpretarse como una forma de valoración diferencial de la vida humana en función de sus condiciones, lo cual contradice los esfuerzos sostenidos de nuestra sociedad por construir una comunidad más inclusiva.

Cada persona, independientemente de sus capacidades, tiene un valor intrínseco y un aporte único. A lo largo de estos años, hemos sido testigos del enorme potencial, la riqueza humana y el impacto positivo que generan las personas con discapacidad cuando cuentan con oportunidades, acompañamiento y respeto.

El derecho vigente establece una protección gradual de la vida en gestación, equilibrando la autonomía de la mujer en las etapas iniciales con la intervención fundada en causales específicas en fases más avanzadas. La normativa actual ya prevé la extensión de plazos en supuestos excepcionales debidamente justificados, en consonancia con criterios de razonabilidad y con la evidencia médica que ubica las primeras semanas como el período de menor riesgo en la interrupción. En este contexto, cualquier modificación debería resguardar este esquema, evitando una ampliación general que, aun indirectamente, pueda favorecer decisiones basadas en condiciones genéticas o de discapacidad, con el consiguiente riesgo de afectar los principios de igualdad y no discriminación.

Desde el punto de vista humano, consideramos fundamental visibilizar la realidad concreta de las personas con síndrome de Down: lejos de constituir vidas carentes de valor o sentido, se trata de personas que desarrollan vínculos significativos, participan en sus entornos y pueden construir trayectorias de vida con bienestar y plenitud. Su presencia interpela positivamente a la comunidad, ampliando la comprensión de la diversidad humana y contribuyendo a una sociedad más empática, inclusiva y solidaria.

Las familias que conviven con esta realidad dan testimonio en numerosas ocasiones, de procesos de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento de los vínculos afectivos. Desde nuestra Fundación, y en virtud de la experiencia directa y sostenida en el trabajo con estas personas y sus familias, podemos afirmar con plena propiedad cuán enriquecedor resulta compartir sus trayectorias de vida, así como su capacidad de disfrutar, desarrollarse y desplegar sus potencialidades, en un entorno de contención y cuidado. Sin desconocer las dificultades y desafíos que pueden presentarse, resulta fundamental evitar que miradas parciales, fundadas en el temor o susceptibles de derivar en prácticas discriminatorias, condicionen decisiones de carácter irreversible.

De acuerdo a lo planteado, entendemos que la respuesta del Estado y de la sociedad debería orientarse prioritariamente a brindar información, orientación, contención y recursos, antes que a ampliar los márgenes para la interrupción.

Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad que fomente la inclusión y respete la dignidad de todas las personas.

Confiamos en que el señor Presidente tomará conciencia de todo lo expuesto y considerará estas observaciones con la debida atención y responsabilidad.