Soberanía nacional y educación cívica

El Ciudadano | Montevideo
@|Un derecho que trasciende los títulos.

En Uruguay, según los datos más recientes del Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística, más de 1.230.000 personas mayores de 25 años (casi el 52 % de esa población total) no han completado la enseñanza Secundaria. Es una cifra que no busca estigmatizar ni discriminar, es simplemente una realidad estadística. Pero esta realidad nos obliga a mirar de frente una pregunta fundamental para la democracia: ¿puede ejercerse plenamente la soberanía ciudadana cuando el acceso a una educación cívica sólida y neutral no está garantizado más allá de los años de escuela?

La soberanía popular, consagrada en el Artículo 4 de la Constitución de la República, no es un concepto abstracto ni un privilegio de los más instruidos, es el poder real que reside en cada ciudadano para decidir el rumbo del país mediante el voto, la participación y el control de sus representantes. Sin embargo, ese poder solo se vuelve efectivo cuando se ejerce con conocimiento, con capacidad crítica y con herramientas para distinguir hechos de consignas.

Aquí radica la paradoja, un bachiller, un universitario o un ciudadano que solo llegó a Primaria tienen exactamente el mismo peso en las urnas, la boleta no pregunta por el título.

Por eso, la educación cívica no puede ser un lujo reservado para quienes completaron el liceo o la universidad; debe ser un derecho universal, continuo y obligatorio en la práctica, que llegue a todos los uruguayos independientemente de su trayectoria educativa formal.

No se trata de imponer más años de estudio académico, sino de asegurar que cada persona, sea cual sea su nivel de instrucción, tenga acceso permanente a una formación cívica libre de dogmas y de ideologías partidarias; una educación que enseñe a leer la Constitución, a entender el presupuesto nacional, a reconocer mecanismos de control ciudadano, a valorar la separación de poderes y a distinguir entre propaganda e información verificable.

La ausencia de esta formación neutra genera un riesgo real para la soberanía, decisiones que se toman con emoción pero sin herramientas, con lealtades emocionales pero sin análisis sereno, con discursos simplificados pero sin contexto histórico o económico.

No es culpa del ciudadano; es una falla del sistema que no ha logrado extender esa alfabetización cívica más allá del aula tradicional.

Países con trayectorias democráticas consolidadas han entendido que la educación cívica debe ser un servicio público permanente, accesible en centros comunitarios, en plataformas digitales estatales, en campañas institucionales y en los propios medios públicos, sin sello partidario.

Uruguay tiene la oportunidad histórica de liderar en este campo, no se trata de crear una nueva materia escolar obligatoria para adolescentes, sino de construir un sistema nacional de educación cívica para adultos que sea tan accesible como el agua potable, gratuito, descentralizado, sin requisitos previos de estudios y, sobre todo, ideológicamente neutral.

Una educación que no forme “seguidores” de ninguna corriente, sino ciudadanos soberanos capaces de cuestionar a todos los poderes, incluido el propio. Porque la verdadera soberanía no se mide por el porcentaje de población con título universitario, se mide por la calidad de la deliberación democrática. Y esa calidad depende de que cada uruguayo, sin importar si terminó la Secundaria o no, pueda ejercer su derecho a saber, a razonar y a decidir con libertad plena.

Es hora de que el Estado cumpla con su deber constitucional de fortalecer esa soberanía no solo con urnas limpias, sino con cabezas bien informadas. La democracia uruguaya se lo debe a sus ciudadanos. Todos, sin excepción.