Ciudadano racional | Montevideo
@|La problemática de las acciones sindicales en Uruguay (fundamentalmente en Montevideo y sustancialmente en actividades públicas) tiene tintes político-partidarios claramente observables y se aparta de las pautas habituales para el enfoque de conflictos laborales, adicionalmente a ingresar en temáticas de corte ajeno a sus intereses laborales.
Se supone que entre los recursos disponibles para plantear reclamos y encararlos civilizadamente se encuentran algunos tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje y afines, quedando los paros o las huelgas como último recurso extremo en caso de haberse agotado las otras instancias.
Aquí ocurre exactamente lo opuesto: la suspensión colectiva y temporal del trabajo por parte de los afiliados – y la repercusión de que no puedan continuar haciéndolo quienes no adhieren a esas decisiones – es adoptada por una dirigencia sindical dudosamente representativa de los intereses generales de ese conjunto de funcionarios.
Debería ser una respuesta a situaciones de conflicto laboral prolongado, incumplimiento de acuerdos, falta de diálogo o de respuesta, pero nunca como acciones tendientes a generar problemas a la población o a los destinatarios de servicios específicos.
Tienen como clara consecuencia que aumentan la conflictividad laboral y afectan las relaciones entre empleadores y trabajadores.
Se precisa regular su actuación ya.