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¿Quién gobierna en Uruguay?

Gustavo Modernell | Montevideo
@|El poder detrás del sillón presidencial.

En democracia, la claridad importa. No solo la de las normas, sino la de los roles. Cuando los ciudadanos votan, lo hacen por personas, nombres, rostros, trayectorias. Confían su futuro a un presidente que promete encarnar esa voluntad colectiva. Por eso preocupa, cada vez más, lo que está ocurriendo hoy en Uruguay.

De forma persistente y ya difícil de disimular, muchas de las decisiones clave del gobierno no parecen estar siendo tomadas por quien fue elegido por la mayoría de los uruguayos: el Presidente Yamandú Orsi. Quien aparece como figura central en la orientación del Poder Ejecutivo, quien articula, define e incluso lidera es Alejandro “Pacha” Sánchez, Secretario de la Presidencia. Y aunque su rol como “articulador” puede tener fundamentos técnicos o políticos válidos, lo que se observa va más allá: se percibe una transferencia silenciosa del poder real. Esto no es simplemente un asunto de estilos personales o internas partidarias. Es un problema institucional de fondo.

Cuando la figura presidencial -la más visible, la más votada, la más representativa- se desdibuja, y otra persona, sin legitimidad electoral directa, asume de facto el mando, se rompe un principio básico de la democracia: el de la representación. No basta con decir que las decisiones se toman “en equipo”, ni que el secretario “ayuda a ejecutar”. Lo que se ve es una ausencia de liderazgo presidencial y una concentración de poder en una figura que no pasó por las urnas en ese rol.

Y eso -en un país con vocación republicana y tradición institucional como Uruguay- debe encender señales de alerta. La historia, también la de nuestra región, está llena de advertencias. Sabemos cómo empiezan los desvíos: con presidentes que por falta de carácter, convicción o autonomía entregan el timón del país a operadores o sectores que actúan sin controles. No hablamos aquí de dictaduras ni de quiebres formales, sino de vacíos de poder ocupados por actores que no responden ante el pueblo. América Latina ofrece muchos ejemplos. Gobiernos elegidos con discursos de justicia social y cercanía al pueblo que terminaron atrapados en esquemas populistas y autoritarios, donde el poder se concentró en pocas manos y los ciudadanos vieron cómo su voto era usado como coartada.

Nadie desea ese destino para Uruguay. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado. La pregunta es incómoda pero legítima: ¿es esto lo que prometió el Frente Amplio al país? ¿Votaron a Yamandú Orsi para que otro ejerza la presidencia? ¿Es ésta la transparencia, la institucionalidad y la fidelidad al mandato popular que nos aseguraron?

No se trata de descalificar la capacidad de Sánchez, ni de personalizar el problema. Se trata de devolver las cosas a su lugar. El Presidente debe ser el Presidente. Debe ejercer su autoridad, hablar con claridad, tomar decisiones propias y mostrarse a la altura de la responsabilidad histórica que implica conducir una nación. No puede limitarse a acompañar o a delegar el liderazgo.

Uruguay ha construido, con esfuerzo y madurez, una democracia sólida, respetada en el mundo por su estabilidad institucional. Pero ninguna democracia está blindada. Si los liderazgos se vacían, si el poder se desplaza a espacios informales, si la ciudadanía empieza a sentir que fue engañada, entonces la confianza se erosiona. Y lo que se pierde ahí, cuesta años -o décadas-recuperarlo. Este texto no es un juicio, sino una advertencia.

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Pero ese tiempo no es eterno. El país necesita que el Presidente gobierne, no que observe. Y necesita una ciudadanía que no se acostumbre a que el poder se ejerza lejos del voto. La democracia no se defiende cuando ya está en peligro. Se cuida a tiempo. Ese momento es ahora.

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