Propuestas inadmisibles

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
@|El cierre de empresas desde el comienzo del presente año y el despido masivo de trabajadores en la esfera privada, ha causado preocupación y motivado el anuncio de la presentación de un proyecto de ley por el que se pretende obligar a las empresas a comunicar al Estado y a los sindicatos la decisión, a fin de poder instaurar “con tiempo” instancias de negociación para buscar soluciones.

Se pretende establecer un sistema de “alerta temprana”, con la posibilidad de intervención estatal para evitar el cierre definitivo y, según dicen, “proteger el derecho de los trabajadores” y dar tiempo a “buscar alternativas” a dicho cierre y al abandono del país.

Este proyecto –del que aún no ha tomado estado público su texto- pretende atribuirle al Estado una función de “mediador” entre las partes que, a nuestro leal entender, no está en concordancia con el sistema de libre mercado y con la libertad de los empresarios de adoptar decisiones en función de sus legítimos intereses económico-financieros.

A nuestro entender, lejos de lograr esa “protección de derechos” atenta contra la libre empresa y puede ahuyentar inversores. En los hechos, podría llegar a hacer más gravosa la situación de los grupos empresariales al momento de decidir los despidos y el cierre de sus negocios en nuestro medio.

La legislación laboral y de seguridad social permiten adoptar estas decisiones netamente privadas, atendiendo a las ecuaciones económicas y a los resultados esperados y los realmente obtenidos.

En caso de despidos y cierres se establecen sistemas de indemnizaciones y subsidios por desempleo, incluso hasta cursos de formación para quienes han perdido los empleos y pretenden reubicarse en otras actividades.

La obligación de dar noticia previa a la autoridad estatal implicaría una injerencia exagerada, que podría dilatar y aún aumentar las pérdidas sufridas haciendo más gravosa la decisión adoptada.

Cabe preguntarse quién cargaría con esos costos, mientras se establece un ámbito de negociación y se buscan “alternativas” (ya sea de reconversión como de nuevos inversores); ¿seremos acaso los contribuyentes los que tendremos que nivelar las asimetrías de empresas privadas?

Ello está muy lejos del sistema capitalista y de libre empresa en que nos encontramos, donde los inversores y empresarios buscan obtener legítimamente las mayores utilidades en las actividades en las que arriesgan sus capitales y por las que generan auténticos puestos de trabajo; ya sea en forma directa como indirecta, mueven la economía, distribuyen riqueza y cumplen con sus obligaciones tributarias.

Sin lugar a dudas, el proyecto de ley a presentarse debiera generar debates e intercambio de opiniones sobre múltiples aspectos, entre ellos el rol que debe cumplir el Estado en estas situaciones y estudiar el impacto que podrán tener la imposición de estas nuevas obligaciones, tanto en la creación de nuevos puestos de trabajo como en las posibles inversiones.

Sabido es que las mismas cada día resultan muy sensibles a los resultados económicos y, al golpe de una tecla, pueden trasladarse al país que les brinde más libertad y utilidades.